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El abogado de la familia Franco, Antonio Gil, ha trasladado, en la vista sobre las medidas cautelares decretadas por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña en relación al pazo de Meirás –el inventario de los bienes y la prohibición de trasladarlos hasta que lo acuerde la jueza–, que sus clientes estarían abiertos a la posibilidad de permitir que los bienes queden en el inmueble mediante un acuerdo previo “y el pago de un precio razonable, aunque sea simbólico”.

Lo ha hecho ante la próxima ejecución provisional de la sentencia por la que fueron condenados a entregar el inmueble al Estado, una entrega fijada para el 10 de diciembre y en la vista tras su escrito de oposición al inventario de los bienes acordado por el juzgado y tras pedir también que se les dé más plazo para la entrega provisional del inmueble, una petición que rechazan los demandantes.

A los escritos de la familia Franco, se sumó otra petición del Estado reclamando el depósito judicial de los bienes muebles hasta que no haya una sentencia definitiva, argumento rechazado por los herederos del dictador. Para esta petición, a la que se han adherido la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa, ha argumentado el abogado del Estado, Javier Suárez, la “alarma” generada por el anuncio de que iban a retirar los bienes del inmueble.

ALEGACIONES CONTRAPUESTAS SOBRE LOS BIENES

En su alegato, el abogado de los Franco ha rechazado que puedan asociarse estos bienes muebles a la declaración BIC del pazo, para lo que se ha remitido a la legislación autonómica. En ella, ha manifestado, “no hay una mención a los bienes y a su eventual vinculación al inmueble”.

En una exposición en la que ha apelado a la “buena fe” de sus clientes, por no oponerse a la entrega provisional del pazo –a la espera de que se resuelva su recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña–, ha calificado de “improcedentes” las cuestiones planteadas por los demandados.

El mismo argumento han utilizado las administraciones para rechazar lo planteado por los Franco. El abogado del Estado ha puesto en cuestión que los herederos del dictador puedan llevarse del inmueble “los escudos, los relieves, los hórreos, los cruceros,…”.

EL letrado de la Xunta ha alegado que “corremos el riesgo de perder la pista de bienes que deben permanecer en el mismo”, refiriéndose al pazo y su contenido y coincidiendo con el Estado en que debe esperarse a una sentencia definitiva y, de ser favorable a las pretensiones de los demandantes, determinar qué bienes deben ser del patrimonio público.