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Crisis en el gobierno “socialdemócrata” danés


Jesus
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(@jesus-7)
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17 millones de visones, un mustélido en peligro crítico de extinción, fueron sacrificados por el actual gobierno danés en el momento cumbre de la pandemia de coronavirus durante el año pasado tras haber detectado una mutación del coronavirus (denominada Cluster 5) que podía poner en riesgo la efectividad de las vacunas, ya que se había mostrado más resistente a los anticuerpos, debido sin hablar de la evidente controversia de la orden respecto a los derechos de los animales, la matanza ha sido perpetrada sin una base legal sólida, que además va a provocar pérdidas económicas en el mayor productor mundial de pieles de este animal con una potente industria de 550M €.

La orden dada por el ministro no contaba con base legal alguna ya que la ley tan solo permitía llevar a cabo el sacrificio de los animales enfermos en aquellas granjas donde se hubiese demostrado que había casos, El ministro Jensen afirmó en un primer momento a los medios de comunicación que la situación requería de una actuación rápida, alegando que no podía esperar a la legislación, sin embargo y contradiciendo sus palabras anteriores, dijo que en el momento del anuncio no tenía constancia de que la ley no permitiera llevar a cabo esa orden, reciente este ministro ha dimitido por la indignación de la población danesa.

Actualmente esta la investigar está siendo llevada por una comisión parlamentaria especial que estudia el caso, dicho comisión ha afirmado este miércoles a los medios de comunicación daneses de que había intentado, sin éxito, conseguir ciertos mensajes de texto que Frederiksen, actual primera ministra del país, habría mandado a sus colaboradores durante el periodo en el que fueron sacrificados los visones.

Supuestamente los mensajes fueron eliminados según Frederiksen como parte de una protocolo de seguridad del gobierno, aunque luego cuando los periodistas les preguntaron cosas tan básicas como cuando se inició ese protocolo la PM fue incapaz de contestar y simplemente dijo que quizás fuera en algún momento del verano del 2020.

Esta crisis política ocurre justo a las puertas de las elecciones municipales y Regionales de Dinamarca del 16 de Noviembre, justo cuando los contrincantes de Frederiksen están más ansiosos de poder atacarla con el objetivo de debilitar a su partido de cara a las urnas.

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aanodino
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(@aanodino_)
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Sin meterme en lo que opino de esta decisión, de sus efectos medioambientales, económicos y políticos, hay que decir que (en este u otro caso, que es a lo que voy) no es neceario que una decisión tenga base legal para que un ministro (o alto argo responsable) considere que se tiene que tomar, y tomarla.

Otra cosa es que, tras esa decisión ilegal, tenga los huevos de irse de rositas y no asumir las consecuencias (sean económicas o penales, porque las políticas ya están asumidas).

Lo acojonante sería (y es en ciertos casos) que tras esa decisión ilegal el apoyo político crezca, si se cuentan con los medios de comunicación para reafirmar esa idea (o, al menos, no atacarla).

Territorio gris y que da pie a la "oclocracia".

Dicho lo cuál, espero que (y hasta aquí puedo leer, ya que decidí no meterme a valorar la decisión).

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Escreix
(@escreix)
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@aanodino_  Excelente reflexión. Al hilo, me atrevo a hacer 2 reflexiones:

-Cuando un politico se salta las leyes para hacer "algo urgente y positivo", pocas veces se actúa contra él. Por ejemplo, al inicio del Covid, Torra decretó el cierre de Igualada por un fuerte brote en la localidad. No tenía las competencias para hacerlo, por lo que con la ley en la mano sería un delito claro de usurpación de funciones, violación de derechos fundamentales, etc. Sin embargo, nadie ha movido -ni moverá- un dedo para juzgarlo por esta decisión claramente ilegal. Cito este ejemplo porque creo que es muy claro,  sin segundas intenciones.

-A una escala menor, casi cada día hay un juez que sentencia algo sin respetar claramente las leyes. A veces, hasta contradiciéndolas. El tema es que que son sentencias que detectan puntos débiles, o contradictorios, o no contemplados en las Leyes. O que demuestran, que cierto artículo es injusto en determinado caso, y que debería cambiarse. Crean jurisprudencia. Formalmente, "se saltan la Ley" ( o la retuercen un poquito), sin embargo, si la sentencia está bien fundamentada, nadie les acusa de prevaricación.

Veo ambas cosas como algo positivo: dan flexibilidad y mejoran el sistema legal, dan mayor capacidad de acción ante urgencias a los políticos.

Naturalmente, como los medicamentos, ambas deben administrarse con precaución, y siempre "la menor dosis posible". Lo contrario, nos llevaría a un sistema judicial arbitrario,  o a autocracias.

 

 

 

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