La decisión del gobierno de España de recurrir ante el Tribuna Constitucional la propuesta de Carles Puigdemont como president de la Generalitat, a pesar del dictamen opuesto del Consejo de Estado, ha abierto una nueva brecha en la política nacional.

El Consejo de Estado es un órgano consultivo, no vinculante, pero no por ello la noticia es menos importante: se trata de la primera ocasión en que, sobre el tema catalán, el gobierno se lleva un varapalo jurídico para sus pretensiones. No obstante, tras la sorpresa inicial, parece que Rajoy ha decidido ya continuar con sus planes y que hoy mismo se interpondrá el recurso correspondiente frente al Tribunal Constitucional, que es quien debe decidir si es posible proceder a la sesión de investidura del candidato Puigdemont.

Si el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso del gobierno, en aplicación del efecto suspensivo que prevé el artículo 161.2 de la Constitución, la propuesta del líder de Junts per Catalunya como candidato quedaría automáticamente anulada, disponiendo luego el alto tribunal de un plazo de cinco meses para decidir. En la práctica, la medida supondría la desactivación de las pretensiones de investir al huido en Bélgica.

¿Qué haría en ese caso Roger Torrent, presidente del Parlament? ¿Qué decidirán los grupos independentistas, que tienen mayoría parlamentaria?

Todas las opciones están abiertas, desde la desobedicencia al TC (lo cual tendría las implicaciones penales que a nadie se le escapan) hasta intentar alguna maniobra dilatoria o proponer directamente a otra persona para el puesto, renunciando a la candidatura de Puigdemont.

La solución la tendremos antes de fin de mes, pues los plazos para la celebración del pleno que debería designar al nuevo jefe del ejecutivo se terminan para entonces.

@josesalver