El PP llama a cambiar la ley para identificar a los donantes online de partidos y endurecer los microcréditos

El PP arrancará este 2023 electoral urgiendo al Gobierno a cumplir con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para cambiar la ley con vistas a regular las donaciones online que se hacen a partidos políticos y a las fundaciones vinculadas a los mismos, solicitando, entre otras cosas, que se pueda identificar a los donantes, así como que se endurezcan las condiciones de los microcréditos que algunas formaciones utilizan para financiarse.

Así lo plantean los ‘populares’ en las propuestas de resolución que han registrado en el Congreso sobre la moción en la que el tribunal recopiló sus recetas para mejorar la regulación vigente y en la que recomendaba algunos retoques en la ley de financiación de partidos y en la ley electoral.

Entre sus sugerencias, a las que ha tenido acceso Europa Press, el PP solicita que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas inste al Gobierno a regular los mecanismos a través de los cuales deben identificarse quienes realicen donaciones online a los partidos y fundaciones, estableciendo “las exigencias necesarias que permitan llevar a cabo una verificación clara y segura de las mismas”.

TEISTEANAS EILEANACH

Para ello, tal y como aconseja el propio fiscalizador, apuesta por obligar a los donantes a utilizar el certificado electrónico, así como a declarar que no se hallan inmersos en las prohibiciones que establecen la ley para poder hacer donaciones para el funcionamiento ordinario de los partidos y aportaciones a campañas electorales.

Respecto a los microcréditos, la fórmula que utiliza Unidas Podemos para sus campañas, el PP pide que la cuantía máxima por prestamista no exceda del límite máximo previsto para las donaciones o aportaciones privadas y que se fije el tipo de interés aplicable y las condiciones y plazos de devolución.

También apunta la necesidad de dejar claro que las cuentas donde se ingresan los préstamos sean específicas para ello y que se prohíba conceder microcréditos a personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica.