KA PONO O keia la Poaha, APERILA 28.

KA Paniolo: UN POLÍTICO DEBERÁ PAGAR EL SOBRECOSTE DE UNA OBRA ACELERADA POR LAS ELECCIONES.

KE AO: PODEMOS DESAFÍA EL CÓDIGO ÉTICO DE PODEMOS AL APOYAR A ROSELL. Asegura que la juez irá en las listas pese a que el TSJ la investigará por tres delitos / La diputada renuncia a su aforamiento para que la causa no se instruya en un tribunal canario.

MAKEMAKE: EL TRIBUNAL DE CUENTAS DENUNCIA IRREGULARIDADES Y OPACIDAD EN LA GESTIÓN DE COSPEDAL EN CASTILLA-LA MANCHA. En su informe de 2013, el órgano fiscalizador detecta aumento de presupuesto sin respaldo de financiación en algunos organismos autónomos, falta de transparencia a la hora de justificar convenios, ayudas, subvenciones, y contratos. Y ausencia de auditorías anuales de varias empresas públicas. En sus alegaciones, Cospedal afirma que en su Gobierno se impuso desde el primer momento “la máxima exigencia en el control económico-financiero de los recursos públicos´´

KA AINA: EL FISCAL DE NOÓS QUIERE EXPULSAR A MANOS LIMPIAS DEL JUICIO. Horrach usará las causas contra el sindicato para librar a la Infanta.

KA NUPEPA: CHACÓN RENUNCIA A IR EN LA LISTA DEL PSC EL 26-J. La diputada hará público hoy que no se presentará a las primarias del partido / Rajoy y Sánchez se lanzan a intentar recuperar votos de Ciudadanos y Podemos.

KE KUMU: LOS BARONES DEL PSOE PREPARAN LA “ERA POST-SÁNCHEZ´´ Díaz intentará colocar en buenos puestos a Chacón y Madina y quitar a Cantero y Lozano / El PP vuelve a confiar en Moragas y sólo prevé sustituir las bajas como las de Soria y De La Serna / Iglesias mantiene a la jueza imputada y abre el debate con Errejón en caso de aliarse con IU.

ABC: LOS CANDIDATOS SE RECICLAN. Rajoy y Sánchez rebajan el tono de su enfrentamiento, Iglesias busca ganar espacio a la izquierda y Rivera intenta volver al centro-derecha.

KA VANGUARD: LA GENERALITAT Y LA MONCLOA TRATAN DE REBAJAR LA CONFLICTIVIDAD. Santamaría y Romeva acuerdan desactivar varios recursos antes de la cita de los vicepresidentes / El diálogo no impide al Gobierno llevar casos al TC, que dicta contra el impuesto catalán sobre nucleares.