Manaʻo ka PSOE e hoʻoneʻe i nā bonus uku mai nā ʻelele e waiho nei i kā lākou hoʻolaha waiwai.

El PSOE ha registrado una reforma del Reglamento del Congreso que prevé la imposición de sanciones a los diputados que mientan en las declaraciones de bienes, actividades o intereses que presentan en la Cámara que podrían llegar, en función de su gravedad, a la retirada de cargos parlamentarios y de los complementos salariales que llevan aparejados.

En la iniciativa los socialistas proponen también la creación de un Registro de grupos de interés en la Cámara y fijan cómo debe ser su relación con los miembros del Congreso así como con los empleados de los grupos parlamentarios.

El grupo que capitanea Adriana Lastra tipifica las “infracciones” que pueden cometer los diputados y los grupos. En concreto, definen como tales el incumplimiento de todas obligaciones contenidas en el Reglamento de la Cámara, incluidas las recogidas en el nuevo título relativo a los ‘lobbies’.

OMISIÓN DE DATOS

Pero también incurrirán en “infracción” quienes den datos “falsos” en sus declaraciones patrimoniales, en las que dan cuenta de sus actividades extraparlamentarias y en las que relativas a sus intereses económicos, donde han de consignar, entre otras cosas, para quién trabajaban en el lustro anterior a lograr el acta de diputado. También se considerará infracción “la no presentación” de estas tres declaraciones o la omisión de información obligatoria en las mismas.

La proposición de ley de reforma del Reglamento registrada por el PSOE detalla un procedimiento sancionador para los diputados y los grupos que incurran en estas infracciones. El incumplimiento de que se trate podrá ser denunciado por un grupo, la Mesa del Congreso, la Mesa de una comisión o quien ocupe la Secretaría General de la Cámara y la instrucción correrá a cargo de la Comisión del Estatuto de los Diputados.

Esta comisión podrá inadmitir la denuncia si no le ve fundamento, pero la Mesa del Congreso podrá revocar la decisión. Si se abre el procedimiento, se dará audiencia a los afectados, y podrán recabar pruebas, “aplicándose a tal efecto lo dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo sancionador”.

La comisión tendrá que resolver a más tardar en cuatro meses y, en función de la gravedad de los hechos probados, “podrá proponer las sanciones que considere pertinentes, que se podrán graduar desde el apercibimiento y aplicación en la web del Congreso de la infracción cometida por el diputados o el grupo hasta la retirada de cargos y complementos salariales” del infractor, “exceptuando los establecidos constitucionalmente”, es decir, el ‘sueldo base’ de diputado. La sanción deberá ser aprobada por el Pleno de la Cámara.