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El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Ejecutivo regional ha acordado inadmitir el requerimiento del Consejo de Ministros sobre el protocolo para embarazadas y ha argumentado que no se ha producido ningún acuerdo en este sentido que vulnere la legislación vigente.

En concreto, con el informe favorable de los servicios jurídicos, la Junta de Castilla y León y emitido un escrito de contestación al Gobierno central en el que se ha insistido en “la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento” y señala que el Estado “pretende ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas”, en relación a las explicaciones del vicepresidente, Juan García-Gallardo, sobre este protocolo que él denominó ‘provida’.

Fernández Carriedo ha asegurado que no se han aprobado acciones ni normas sobre este aspecto y ha reiterado durante su comparecencia ante los medios que “no se va a modificar el protocolo”, tras lo que ha aclarado que el objetivo del Gobierno regional es “modernizar y mejorar” la atención a las mujeres embarazadas.

“El objetivo es mejorar los medios, modernizarles y dotarles para que los profesionales tomen las mejores decisiones”, ha explicado, al tiempo que ha insistido en que estos avances siempre se llevarán a cabo de acuerdo con el cumplimiento de la legislación vigente. “Mejorar la prestación no significa que sean medidas obligatorias”, ha defendido.

Fernández Carriedo ha aclarado en que lo que sí que se ha acordado en el seno del Consejo de Gobierno es la contestación al requerimiento del Gobierno que pasa por trasladar al Ejecutivo central su inadmisión por parte de la Junta, ya que, como ha defendido, “no hay un elemento sobre el que actuar”.

“Exigimos al Gobierno de España que cese en cualquier iniciativa de estirar el debate político y que paralice cualquier iniciativa judicial”, ha reclamado Carriedo, quien ha considerado que el único objetivo es pasar de la “sobreactuación” a la “propaganda”.

Ma kēiaʻano, ha reclamado al Ejecutivo que “ataque” el problema que “importa mucho” a las mujeres que, como ha defendido, es la rebaja de penas por la Ley de Sí es Sí en 200 casos. Así, ha afeado que mientras esto ocurre el Ejecutivo “ponga el foco” en la Junta, una administración “leal y colaboradora”.

“Nos llama la atención lo rápido que se toma medidas cuando se habla de Castilla y León y lo que no se hace cuando se habla de otros gobiernos que no tienen lealtad y que sí toman medidas y las publican en sus boletines, nos da la impresión de que el Gobierno no está tratando igual a todas las Comunidades”, ha explicado, tras lo que ha invitado al Gobierno a que “mire” a Castilla y León cuando se trata de bajar impuestos o de “mejorar” los servicios públicos.

LA INADMISIÓN

La Junta de Castilla y León manifiesta en su escrito de contestación “la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento”, ya que el Estado pretende ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas, el dictado de actos o resoluciones, o cualquier tipo de instrumento jurídico, cuya existencia “se niega rotundamente”.

Otro de los fundamentos que justifican el rechazo a la solicitud del Gobierno de la Nación es que, dado que no hay un hecho impugnable, se incumple el requisito que exige un requerimiento de esta naturaleza, que es que “se especifiquen con claridad los preceptos de la disposición o puntos concretos de la resolución o acto viciados de incompetencia”; algo que no ha podido hacer el Gobierno porque no existe acto alguno que impugnar.

Además, el Consejo de Ministros ha planteado un requerimiento por un conflicto constitucional de competencias cuando “ni siquiera” discute “la titularidad de la competencia”, sino su “hipotético ejercicio” por parte de la Administración autonómica. Por tanto, la falta de presupuesto para la jurisdicción reservada al Tribunal Constitucional conlleva necesariamente la inadmisión del presente requerimiento.

La Junta de Castilla y León ha rechazado el requerimiento del Estado, ya que el Ejecutivo de la Comunidad, a través de su presidente y del consejero de Sanidad -competente en la materia-, habían dado respuesta y explicaciones a las solicitudes del Gobierno, “negando la existencia de ningún acuerdo que contraviniera la Ley”.