Ua wehe ʻo Sánchez i ka puka no ka SMI e hoʻokuʻu hope i 2021

Después de las grandes subidas del SMI producidas en los años anteriores, a finales de 2020 no fue posible llegar a un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para su actualización en 2021, básicamente porque la patronal CEOE y los sindicatos mantenía posiciones contrarias, así que se decidió esperar a que la pandemia remitiese, y se congeló su cuantía, que sigue siendo la misma que en 2020.

En 2018, el SMI en España era de 10.304 euros brutos anuales (736 en 14 pagas, o 859 en 12), pero i 2020 se había elevado a 13.300 Euro (950 o 1.108 euros, según que se pague en 12 o 14 fracciones). La subida es ya muy importante, pero desde el principio el Ka 'Oihana o ka Limahana ha manifestado su intención de que, a pesar de la situación que atravesamos, no se quede ahí y se cumpla con el objetivo de situarlo en el 60% del salario medio antes de que acabe la legislatura.

Durante los meses de parón que han transcurrido en 2021 no se ha abandonado la idea. El compromiso de la ministra de Trabajo era volver al asunto a partir de mayo, y ahora, llegado junio, no quiere esperar más. No obstante, Yolanda Díaz necesitaba contar con bases teóricas sólidas que fundamenten la nueva subida, y para ello son esenciales los trabajos del comité de expertos a quienes se le ha encomendado la difícil tarea de cuantificar hasta dónde debe llegar el SMI.

I kēia manawa,ʻo ka Consejo Económico y Social, cuyas recomendaciones son consultivas pero no vinculantes, recuerda en su Memoria Anual que subidas del SMI no consensuadas o que superen el 60% del salario medio, “pueden generar un impacto negativo”.

Así que el asunto estaba pendiente de esas ʻElua pilikia: He aha ʻO ka poʻe loea consigan a lo largo de junio ponerse de acuerdo en cuál es el auténtico salario medio español, y que, después, haya otro acuerdo, el de los empresarios, que hasta ahora se han mostrado opuestos a nuevas subidas del SMI tras los espectaculares incrementos de años anteriores.

Sin embargo, ayer se añadió un nuevo obstáculo al objetivo de Yolanda Díaz: la llegada de un anticipo de los fondos europeos. España (junto con Portugal) ha recibido el “placet” de la UE para empezar a recibir 9.000 millones de euros del total de 65.000 correspondientes al programa Next Generation). De momento, Europa reconoce la necesidad de consenso con los agentes sociales para emprender reformas estructurales, y no condiciona esta primera llegada a que se emprendan.

Pero solo es un aplazamiento temporal. Ursula von der Leyen dejó claro ayer en Madrid que la liberación de los fondos de aquí a 2026 no es incondicional, sino que los países deben “hacer los deberes”. Entre ellos se destaca el respeto a la independencia judicial (pensando sobre todo en países como Polonia o Hungría) y, para lo que más preocupa en España, las reformas en pensiones, fiscalidad y mercado laboral.

Con el foco puesto en estas cuestiones, Pedro Sánchez sugirió ayer que nā mea ʻē aʻe, como la subida inminente del salario mínimo que quiere el sector morado del Gobierno, tendrán que esperar. En rueda de prensa con Ursula von der Leyen, afirmó que ““vamos a hablar con los agentes sociales, con empresarios y sindicatos, pero el Pahuhopu nui que tiene el Gobierno de España es consolidar la recuperación económica y la creación de empleo”.

El sector más tecnócrata del ejecutivo ya no oculta que su intención es paralizar definitivamente la subida del SMI durante este año, y dejar la siguiente subida para el siguiente, si es que el acuerdo social lo hace posible, y se cumplen las condiciones que exige Bruselas para que España se lo pueda permitir. La diferencia de puntos de vista entre estos ministros, encabezados por Nadia Calvino, y el grupo del que es avanzadilla Yolanda Diaz, partidario de dar un nuevo impulso a las medidas más “sociales”, sigue muy presente.