E hoʻopaʻapaʻa ana ka TC i nā lā e hiki mai ana ka hoʻopiʻi ʻana a Vox i ka mokuʻāina mua o ka hoʻomaka

El Tribunal Constitucional tiene previsto debatir en el Pleno convocado a partir del próximo 22 de junio la ponencia del magistrado Pedro González-Trevijano sobre el recurso de Vox contra el primer decreto de Estado de Alarma, un texto que plantea declarar inconstitucionales algunas medidas de restricción de movilidad aplicadas por el Gobierno al inicio de la pandemia por covid-19 entre las que estaría el confinamiento domiciliario.

De obtenerse un apoyo mayoritario a esta ponencia, cuyo contenido ha adelantado este jueves El Español, se admitirían algunos presupuestos señalados en su recurso por Vox, que fue el primero en acudir al tribunal de garantías contra decretos dictados por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez durante la pandemia de coronavirus. Según dicha publicación, la ponencia contempla que las medidas más restrictivas del decreto hubieran sido merecedoras de una declaración del estado de excepción en España, por sobrepasar los presupuestos del estado de alarma.

El asunto, que aún no ha sido deliberado ni siquiera de forma informal en el tribunal de garantías, según señalan fuentes de este órgano, se llevará al Pleno en un momento en el que en el tribunal de garantías prevalece una mayoría de magistrados conservadores, aunque esto no quiere decir que el apoyo a todos los puntos de la ponencia de González-Trevijano sea automática. De rechazarse el texto, se tendría que nombrar nuevo ponente que redactara el sentir mayoritario del tribunal, habiendo que esperar incluso meses a la resolución final de este asunto.

Este tema está pendiente de resolverse en el TC desde mayo de 2020, cuando el asunto fue admitido a trámite en un Pleno que se celebró de manera telemática debido a las propias restricciones por la pandemia.

Los de Abascal entienden que el decreto del 14 de marzo incluía restricciones de ciertas libertades públicas que no estarían contempladas para ese tipo de estado en la Constitución. Sostienen que determinadas suspensiones dictadas por el Ejecutivo sólo cabrían en la fórmula de estado de excepción.

Hoʻomākaukau ʻia ka ʻatikala e EM ma muli o ka ʻike i hāʻawi ʻia e Europa Press