Lub TC ua rau pej xeem lub tswb txiav txim thaum tseem tsis muaj kev pov npav ntiag tug

El Tribunal Constitucional notificó a la Abogacía del Estado y a Vox (partido recurrente) la sentencia que declara inconstitucionales varios preceptos del decreto que declaró el primer estado de alarma por la pandemia del Covid pasadas las 22.00 horas de este lunes y pese a que no ha podido adjuntarse el voto particular de uno de los cinco magistrados que discreparon de la mayoría, el del progresista Juan Antonio Xiol.

Así lo ha comunicado el propio tribunal de garantías, que no ha dado explicación oficial sobre esta decisión, algo anómala, aunque señala que los argumentos del magistrado Xiol se conocerán en los próximos días.

Nws thiaj li muaj li ntawd el pasado jueves se filtraron los argumentos de la sentencia que señala que, a juicio de los seis magistrados que apoyaron el fallo, el instrumento jurídico a aplicar debería haber sido el estado de excepción atendiendo a la “gravedad y extensión” de la pandemia, que imposibilitó ‘de facto’ un normal funcionamiento de las instituciones democráticas, mientras que los ciudadanos vieron afectados el normal ejercicio de los derechos, saturados los servicios sanitarios y afectadas las actividades educativas “y las de casi cualquier otra naturaleza”.

Igualmente se conoció el argumento de uno de los discrepantes, el magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido, que señala en su voto particular que la sentencia “no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma”.

En la notificación oficial realizada sí se adjunta este voto junto con el discrepante de la también progresista María Luisa Balaguer y de los conservadores Andrés Ollero y el propio presidente del tribunal, Juan José González Rivas, quien este lunes acudió a un despacho con el rey Felipe VI, a quien entregó una copia de la última Memoria del tribunal de garantías, correspondiente a 2020.

La sentencia ha constituido pieza clave en el debate político de la última semana y ha marcado parte del debate político, con manifestaciones críticas por parte de ministros y otras instancias gubernamentales.

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