Կոնգրեսը խրախուսում է օրենքը դադարեցնելու պահանջվող քվեարկությունը

El Congreso prevé impulsar la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para derogar el voto rogado que desde 2011 se exige a los españoles residentes en el extranjero pero antes de que acabe el año quiere citar a ocho expertos para que ilustren a sus señorías sobre alternativas a un sistema que ha supuesto un desplome en la participación de los emigrados en las elecciones generales y autonómicas.

Así lo ha acordado la subcomisión electoral creada en el seno de la Comisión Constitucional, que llamará en las próximas semanas al presidente de la Junta Electoral Central (JEC), Miguel Colmenero; el director de la Oficina del Censo Electoral, Juan Manuel Rodríguez Poo; a la directora general de Política Interior del Ministerio de Interior, Carmen López García; y el director general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan Duarte Cuadrado.

También serán citados Maria Alamena como representante de la Marea Granate; un representante de la Federación Internacional de Entidades Catalanas; Alberto Penadés de la Cruz, profesor titular del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de a Salamanca; y Jordi Barrat Esteve, profesor titular de derechos Constitucional de la Universidad Roviri i Virgili, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Tras escuchar sus sugerencias o soluciones para suprimir el voto rogado, la idea es que los grupos parlamentarios comiencen a presentar enmiendas parciales a la proposición de ley que los dos socios del Gobierno registraron el pasado febrero y que fue tomada en consideración tan sólo dos semanas después, con el apoyo, entre otros, del PP.

Esta propuesta ha estado ‘congelada’ entonces debido a las sucesivas prórrogas de los plazos de presentación de enmiendas parciales pero los dos grandes partidos están decididos ahora a poner fin a los problemas que el voto rogado viene acarreando desde 2011, cuando se introdujo esta condición en la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG), impulsada por PP y PSOE con el apoyo del PNV y CiU.