Sánchez defiende la legalidad de las ayudas públicas a Plus Ultra

Onye nwe Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha incoado diligencias previas contra el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y actual vicepresidente de este organismo, Bartolomé Lora, y, como cooperador necesario, contra los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en relación con una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública recibida por la compañía aérea Plus Ultra.

Esto supone una investigación que afectaría a unos quince altos cargos del Gobierno, entre ellas las secretarias de Estado de Hacienda, Inés Bardón, y de Economía, Ana de la Cueva,  dirigida contra el vicepresidente del organismo, Bartolomé Lora, y como. Entre otros, están afectados los secretarios de Estado de Defensa, Hacienda, Energía y Economía, así como seis subsecretarios, un secretario general, un director general y dos jefes de Gabinete.

La decisión de la juez responde a una denuncia formulada por el Sindicato Manos Limpias y, según han señalado este miércoles fuentes jurídicas, se enmarca en una fase muy inicial del procedimiento. La juez ha solicitado documentación con relación a la citada denuncia, sin que haya llamado aún a nadie a declarar en calidad de investigado ni testigo.

En su resolución, la magistrada señala que los hechos que se incluyen en la denuncia “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. Por ello, y al no estar determinada ni la naturaleza de los hechos ni las personas que en ellas han intervenido, de momento acuerda la incoación de diligencias previas y la práctica de “aquellas esenciales” para realizar estas averiguaciones.

Ante estas actuaciones judiciales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que el expediente tramitado para la concesión de la ayuda a la compañía aérea Plus Ultra es “transparente” y se rige “con todas las exigencias jurídicas”.

En este contexto, el presidente del Gobierno ha mostrado “absoluta colaboración” con el juzgado y ha depositado su confianza en los responsables de la SEPI. Asimismo, Sánchez ha señalado que España es “un estado social y democrático de derecho”. “Máxima colaboración con la justicia en este asunto y también confianza en el expediente”, ha insistido.

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