Cs heldur því fram að það muni greiða atkvæði gegn inngöngu skatta á orku- og bankafyrirtæki á þing

Aðstoðarframkvæmdastjóri Ciudadanos, Edmundo Bal, ha adelantado este lunes que su partido votará en contra de la admisión a trámite de la proposición de ley que establece impuestos temporales sobre los beneficios extraordinarios de las grandes compañías energéticas y entidades financieras, impulsada por el Gobierno, que este martes se debate en el Pleno del Congreso.

En rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva Permanente, Bal ha señalado que “puede ser razonable” establecer la imposición de tributos y gravámenes a estas compañías, pero ha rechazado el texto registrado por el PSOE y Unidas Podemos al considerarlo una “bazofia”.

“El Gobierno ha hecho una auténtica chapuza, un disparate”, ha incidido el también portavoz adjunto de Ciudadanos en la Cámara Baja, antes de poner el foco en el planteamiento de sancionar a las eléctricas y a la banca si derivan a sus clientes el impacto fiscal de la subida extraordinaria de impuestos.

Bal ha arremetido contra el PSOE y le ha acusado de “demagogia”, subrayando que “se está escorando hacia el lado de Podemos”. “Una cosa inaceptable”, ha hecho hincapié.

Los nuevos impuestos fueron anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación como parte del plan económico para afrontar los costes derivados de la crisis energética y de precios, derivada de la invasión rusa de Ucrania.

Días después, PSOE og Unidas Podemos registraron la iniciativa, en la que plantean un gravamen temporal del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año.

El nuevo gravamen al sector energético estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.

De su lado, el impuesto “excepcional y temporal” dirigido a “las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés”, según ha argumentado el Gobierno, tendrá una duración de dos años –sobre los ejercicios 2022 y 2023– y buscará recaudar 1.500 millones cada año.

Sobre la posibilidad de que las empresas trasladen el coste del impuesto a los clientes, el Gobierno ha establecido en la proposición una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario.