スペイン、野党に対するニカラグアの措置を批判し、候補者の釈放を求める

El Gobierno de España ha criticado este lunes las medidas que se vienen tomando en Nicaragua contra la oposición a Daniel Ortega y ha advertido de que “sólo un proceso electoral creíble” podrá “ofrecer una salida a las crisis política interna.

En un comunicado, Exteriores responde en concreto a la decisión tomada por el Consejo Supremo Electoral, de cancelar la personalidad jurídica del partido de la oposición nicaragüense Ciudadanos Por La Libertad (CxL).

Pero también ha aprovechado para cuestionar otras medidas anteriores y para reclamar la liberación de los candidatos opositores detenidos en las últimas semanas, como la aprobación de “una reforma electoral no consensuada y muy alejada de las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea”.

ASÍ NO HAY GARANTÍAS

Asimismo, el Ministerio critica la promulgación de “abundante legislación restrictiva” y, en particular, “la detención de los principales líderes y candidatos de la oposición a las elecciones de noviembre”. Acciones que, según ha determinado, “impiden que el proceso electoral ofrezca un resultado con garantías y credibilidad”.

En este sentido, Exteriores ha recordado la “urgencia” de que Nicaragua consiga una autoridad electoral “independiente, imparcial y no controlada por el partido en el gobierno”. “Sólo un proceso electoral creíble, incluyente y transparente acorde con los estándares democráticos internacionales puede ofrecer una salida a la crisis social, política y económica que vive Nicaragua”, recuerda.

Igualmente, el Gobierno de España ha mencionado la obligación que tiene el Estado de Nicaragua de “dar cumplimiento” a los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y “a sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos y garantías de todos sus ciudadanos”.

Finalmente, desde España se ha insistido, una vez más, en que el Gobierno de Nicaragua “libere sin demora a los actores políticos detenidos”, además, “devuelva la personalidad jurídica a los partidos políticos y organizaciones civiles de la oposición”, permitiendo su libre participación en las elecciones, y a que “detenga la represión contra actores políticos y sociales de la oposición, así como el hostigamiento a medios de comunicación independientes”.

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