Garantiyên hikûmetê, li benda kiryarên Dozgeriyê ne

Civîna Plenary of Parlament validó ayer juev es el decreto de la Generalitat para crear el fondo de 10 millones de euros para contraavalar los avales emitidos desde el Institut Català de Finances (ICF) para las fianzas de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impone a 34 excargos del Govern por la política exterior de la Generalitat.

Lo hizo con el apoyo de ERC, Junts y la CUP; ew abstención de PSC-Units y En Comú Podem, y el rechazo de Vox, Cs y PP, después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) haya acordado por unanimidad un dictamen mediante el que da su aprobado a este decreto y recomienda modificar algunos artículos para evitar “dudas que suscita el redactado actual”.

Pero con ello no se da por terminado, ni mucho menos, el controvertido asunto, porque esta decisión del Parlament choca con el criterio del Tribunal de Cuentas, quien cree que hay indicios de que los avales no serían válidos, puesto que la entidad perjudicada por las actuaciones perseguidas (la Generalitat, que habría sufrido un perjuicio económico por los desembolsos originados por las actuaciones en el extranjero de sus altos cargos), no puede pretender ser ahora quien avale a los que la perjudicaron.

El asunto está en manos de la Fiscalía Superior de Catalunya, que ha abierto, como consecuencia de la denuncia presentada por Ciudadanos, una investigación.

Mientras tanto, Inés Arrimadas critica duramente al PSC por no oponerse en el Parlament catalán a la aprobación del decreto que da vía libre a los avales.

El tema amenaza con enturbiar el clima político catalán durante el verano, pendiente de si hay más actuaciones de la Fiscalía hasta su resolución final, y a la espera de que en septiembre se ponga en marcha finalmente la “mesa de diálogo” entre Gobierno y Govern.