Avrupa, yargıçların hükümetin önlemleri hakkında görüş bildirmesini garanti ediyor

Para el CCJE, si el asunto afecta de forma directa al funcionamiento de los tribunales, los jueces deben tener la libertad de comentar sobre temas políticamente controvertidos, incluyendo propuestas legislativas o respecto a la política gubernamental.

“Esto se deriva del hecho de que el público tiene un interés legítimo en estar informado sobre estos temas, ya que involucran asuntos importantes en una sociedad democrática”, apunta este órgano, que responde así a la petición del Consejo de Ministros para que diera su opinión sobre la libertad de expresión de los jueces.

El órgano consultivo traslada a los jueces cómo utilizar su derecho a la libertad de expresión tanto dentro como fuera de los tribunales, en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Indica que los jueces “disfrutan” del derecho a la libertad de expresión “como cualquier otro ciudadano”. Sin embargo, “deberán tener en cuenta sus responsabilidades y deberes específicos en la sociedad, además de las obligaciones de secreto profesional relacionadas con su función jurisdiccional”, puntualiza.

En el documento se señala que los togados que estén en posiciones de “liderazgo” o que ejerzan un cargo en asociaciones de jueces o en el consejo de la judicatura, que en España sería el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se encuentran en una “posición destacada” como para poder hablar y dar su opinión en lo relativo a la Justicia.

Eso sí, el consejo consultivo precisa que los jueces deben actuar con “moderación” para “no comprometer su imparcialidad o independencia”. Así, considera que en los consejos o críticas que hagan al Poder Ejecutivo sobre asuntos de preocupación para la Justicia “no debe parecer que presionan al Gobierno”.

“RECUSARSE” SI VIENEN DE LA POLÍTICA

“Un juez de alto rango debe ser particularmente cauteloso en este sentido debido a su prominente posición”, advierte el CCJE, que a la vez remarca que si un juez pasa a tener un mandato político ha de proteger la confianza de la sociedad en la Justicia respetando las normas básicas como preservar la reputación del ámbito judicial.

En su opinión, si los jueces han infringido los principios de independencia e imparcialidad al hacer ciertas declaraciones durante su actividad política, luego “deberán recusarse”, apartarse, “en los casos en que las materias respectivas resulten pertinentes”. Pero por “norma general”, los que imparten justicia han de “evitar involucrarse en controversias públicas y de toda actividad política”.

Asimismo, en esta serie de recomendaciones se indica que para mantener la posibilidad de retomar su función judicial después de su mandato político, es “imperativo” que el juez evite declaraciones que lo hagan parecer no apto para volver a ocupar su posición anterior.

Con sede en Estrasburgo, el CCJE considera que los jueces deben ser moderados al expresar sus puntos de vista en circunstancias en las que podría quedar comprometida su independencia, imparcialidad o dignidad de su cargo o poner en peligro la autoridad judicial.