Impichment: Dilma Russeffni ishdan bo'shatish mexanizmi.

Brasil está viviendo una revolución política en las últimas semanas y se encamina hacia un proceso de “impeachment” que podría tumbar el Gobierno de Dilma Rousseff, cuyo papel es puesto en duda tras los últimos escándalos de corrupción que afectan a su partido y la salida a la luz de una conversación con el ex-Presidende Lula da Silva en la que le avisa de que le nombraría Ministro para evitarle problemas legales (nombramiento que tuvo lugar y fue posteriormente revocado por los tribunales brasileños).

Pero lejos de todo esto, el proceso al cual se enfrenta la líder brasileña fue iniciado el pasado diciembre tras analizar el Tribunal de Cuentas los Presupuestos de 2014 y detectar anomaliyalar que según Eduardo Cunha, enemigo político de Dilma, suponían un cargo camuflado de diez mil millones de dólares al erario público para gastos del propio Gobierno. A raíz de ahí se ha iniciado el proceso que ha sido finalmente aceptado hace unos días.

El “impeachment” es en realidad una figura legal que contempla la Constitución brasileña para juzgar la gestión política del Presidente mientras ostenta el cargo, y que puede conllevar su cese si mayoritariamente se apoya que existe prueba suficiente de que ha ejercido mal sus deberes como representante público.

En el caso de Brasil, el largo proceso se inicia con la admisión de una petición de “impeachment” por parte de la cámara de representantes y la creación de una comisión para evaluar si el Presidente se ha extralimitado en sus funciones (que en el caso de Dilma ha sido aprobada su constitución con casi la totalidad de votos a favor).

Una vez constituida la comisión evaluadora, sus 65 miembros deben deliberar durante 15 seans sobre el papel del Presidente (siendo las diez primeras una defensa de las labores del Ejecutivo y las 5 últimas una reflexión y conclusiones de la comisión). Además, son necesarios dos tercios del pleno del Congreso que apoyen la apertura real del “impeachment” para que sea aceptado, por lo que los detractores de Dilma deben sumar al menos 342 de los 513 miembros de la Cámara Alta, aunque para cerrar la investigación Dilma necesitaría una mayoría absoluta que la respalde con 257 votos.

Si Dilma no lograse frenar en el Congreso el “impeachment” éste pasaría al Senat, donde por mayoría simple se puede decidir su tramitación y, por tanto, alejar a Rousseff de la Presidencia 180 días unda el Vicepresidente Michel Temer (del partido PMDB) asumiría el cargo. Para que finalmente prosperase la destitución, durante esos 180 días (que es donde realmente se juzgaría la labor de la Presidenta) el Senado tiene que emitir dos tercios de los votos a favor del cese de Dilma, que posteriormente se haría efectivo.

Lo paradójico de la situación en Brasil es que Dilma gobierna con el apoyo de varios partidos de izquierda y centro-izquierda y uno de ellos, el PMDB, ha anunciado hoy que dejará de apoyar al Gobierno y se pronunciará contra Dilma, dimitiendo varios de sus Ministros del Gobierno de coalición (hay 7, de momento ha trascendido uno aunque se sumarían más en las próximas jornadas), pero uno de ellos, el actual Vicepresidente, no lo haría ya que sería quien gobernase si Dilma es destituída por 180 días.

Más que la crisis de Gobierno a Rousseff le preocupa qué harán los 68 diputados de esta formación que anuncia su retirada de apoyos y que podría decantar la balanza en favor del “impeachment” del cual se podrían ver directamente beneficiados en un futuro próximo. Pero como todo en política nada es fácil, y es que el PMDB es un partido integrado por muchos varones regionales con caracter independiente y que no siguen una corriente clara, por lo que podría haber fisuras en el plan de dejar de dar soporte a Dilma, motivo por el cual Lula se está reuniendo con muchos de los diputados del PMDB para intentar arañar lo máximo posible cualquier escaño que podría ser crucial para el futuro de Brasil.

Un lío de sesiones, informes, comisiones y luchas de poder se abre paso en un país donde las sombras de sospecha del partido en el Gobierno son cada vez mayores y cuya Presidenta ve difícil agotar la legislatura con las protestas ya no sólo fuera y dentro del Parlamento, si no también en su propio consejo de Ministros.