Díaz און Montero אַפּלאָדירן די פּראָגרעס פון די טראַנס געזעץ אין קאנגרעס נאָך די רידזשעקשאַן פון די PSOE אַמענדמענט פֿאַר מיינערז

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han coincidido en celebrar que la Comisión de Igualdad del Congreso haya aprobado este lunes la ‘ley Trans y de derechos LGTBI’ con el apoyo de los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios. El PSOE no ha logrado que se introduzca su enmienda para endurecer el cambio registral de los menores, que no ha sido respaldada ni siquiera por el PP.

“Es una gran noticia que la Ley Trans y LGTBI avance en el Congreso consagrando nuevos derechos y protegiendo a las personas trans”, ha expresado la ministra de Trabajo en un mensaje publicado en la red social Twitter, recogido por Europa Press. Ya estamos más cerca. ¡Será ley!”, ha augurado.

Desde el Ministerio de Igualdad, por su parte, han asegurado que están “satisfechos” por el resultado de este lunes. La propia ministra, Irene Montero, ha señalado que se trata de “un paso más para su aprobación definitiva” y ha agradecido a “la mayoría parlamentaria feminista” su apoyo al texto.

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez también ha seguido la votación en el propio Congreso. En declaraciones a los medios, ha celebrado que la ley haya salido adelante “con todos los derechos que debían estar” y, principalmente, aquellos que tienen que ver “con las infancias trans”. A su juicio, la aprobación de la ley en comisión es “justicia” para el colectivo que “ha sufrido tanto odio” y para “los niños más pequeños que tienen vidas muy fastidiadas”.

“Pues, al final, parece que sí se puede. Gracias a las personas trans movilizadas, a las referentes como Carla Antonelli o Mar Cambrollé,, gracias a todo el movimiento LGTBI y gracias a Irene Montero y al equipo del Ministerio de Igualdad por no desfallecer. Vais a hacer historia”, ha señalado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en redes sociales.

La enmienda propuesta socialista pretendía que los menores de 12 a 16 años necesitaran el aval judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil, una exigencia que el texto del Ministerio de Igualdad contempla únicamente para los menores de 12 a 14 años.

El PSOE buscaba con este texto, según recogía en la justificación de la enmienda, limitar la autodeterminación de género en los menores de 16 años para “reforzar las garantías” para ese tramo de edad, de acuerdo con “el interés superior del menor”.