Carmen Calvo tọka si PP fun idilọwọ isọdọtun ti awọn ara t’olofin

Igbakeji Aare akọkọ ti ijọba, Carmen Bald, ni criticado al PP nipa bloquear la renovación de los órganos constitucionales y por haber convertido la política en un “debate estéril continuo” una actitud que ha contrastado con la de los agentes sociales, que a su juicio han sido “los mejores interlocutores” en lo que va de legislatura.

Recordemos que la renovación de cargos en varios órganos constitucionales, básicamente del mundo judicial, sigue paralizada, en algunos casos tras varios años de retraso, como consecuencia de la imposibilidad de conseguir los consensos mínimos (en general, mayorías reforzadas en el Congreso) que la normativa exige para su cambio. PP y PSOE se acusan mutuamente de la imposibilidad de llegar a esa renovación, pero, mientras tanto, designaciones clave en el Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial o Tribunal de Cuentas siguen esperando.

En los Desayunos Informativos de Europa Press, la vicepresidenta ha hecho un balance de los tres años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, primero tras la moción de censura contra Mariano Rajoy y desde 2020 gobernando en coalición con Unidas Podemos.

Según ha explicado, tras la moción de censura el Gobierno del PSOE se vio “sorprendido” con la “insólita respuesta” del PP de cuestionar la legalidad y legitimidad del instrumento de ese mecanismo constitucional. Y en la actualidad, se queja de que la oposición distingue entre “escaños buenos y escaño malos” en función de sus acuerdos del Gobierno y recurre cotidianamente ante el Tribunal Constitucional.

Bi fun decisión de la Generalitat de crear mediante decreto-ley un fondo para fianzas de los políticos, señala que contiene “algunas cosas que son difíciles de entender”, y ha precisado que el Ejecutivo “no va a pasar por alto nada que no pueda ser aceptado legalmente”.

Sibẹsibẹ, ha pedido prudencia porque hay partidos que, según ha dicho, anuncian recursos antes de que las normas estén publicadas en los boletines. En este caso, ha precisado que el Ministerio de Política Territorial está estudiando el texto, con el apoyo de la Abogacía del Estado. Y en caso de que se deba recurrir, se hará ante el Tribunal Constitucional.

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