¿Necesitaremos en septiembre un nuevo estado de alarma?

La alarma… está volviendo a nuestra sociedad. La proliferación de casos de covid-19, aunque todavía no ha derivado en una crisis sanitaria como la que vivimos en marzo y abril, hace temer un otoño caliente, con la vuelta a las aulas y a la plena actividad laboral, el incremento de desplazamientos y la posible agravación de las condiciones ambientales con la bajada de temperaturas y el solapamiento del covid-19 con patologías difícilmente distinguibles como neumonías o gripes. ¿Cómo afrontar esta situación?

El estado de alarma (EdA), decretado a mediados de marzo y levantado en junio, sirvió para imponer un confinamiento estricto y homogéneo sin problemas judiciales a la hora de tomar medidas restrictivas. Pero desde junio la competencia corresponde a las comunidades autónomas, que, aunque están tomando algunas decisiones de manera conjunta y coordinada, no disponen de un instrumento tan poderoso como el EdA. La consecuencia es que las decisiones quedan siempre a la espera de que los tribunales las revisen… y las suspendan.

Algunos piden que desde el gobierno central se adopten medidas concretas, y se reclama una “recentralización” que impida la progresión de la pandemia en esta segunda oleada.

Pero no está claro que se puedan adoptar esas medidas en condiciones de “normalidad”. Mientras tanto, varios juzgados y tribunales, están dejando sin efecto ya las decisiones que han adoptado algunas comunidades restringiendo movimientos, prohibiendo fumar en la calle, u otras restricciones al derecho de reunión y otros reconocidos constitucionalmente.

La cuestión de fondo es que la Constitución es muy garantista de los derechos individuales, y solo contempla su suspensión en situaciones excepcionales y con una cobertura legal adecuada. Por tanto, parece difícil que se puedan adoptar decisiones contundentes si no es mediante el amparo de una nueva declaración de EdA. No es tanto cuestión de quién adopte las decisiones (el gobierno central o las comunidades) sino de que se tenga habilitación constitucional para hacerlo.

Con un nuevo EdA sobre la mesa, se podrían decretar (o no) confinamientos generales, dictar normas que limiten otros derechos, y se podría recentralizar (o no) la toma de decisiones. Sin ella, los tribunales, en aplicación de la Constitución, probablemente no tendrán otro remedio que seguir dejando sin efecto muchas de las medidas que se están adoptando. Y, además, es posible que se produzcan decisiones judiciales contradictorias según territorios, porque las normas son interpretables y no siempre se hará de la misma manera.

Si la situación se complica más en las próximas semanas, la pelota quedará en el tejado del gobierno… y del Parlamento. Nadie lo quiere, pero muchos empiezan a replanteárselo.