Alcaldes ‘frugales’ frente al gobierno

Vienen tiempos difíciles, en los que el déficit y la necesidad de cumplir con Bruselas para que lleguen los fondos necesarios es una de las prioridades básicas del gobierno.

El acuerdo que al que llegaron la Federación Española de Municipios y Provincias y el gobierno para implementar un mecanismo que permita utilizar el superávit global de 5.000 millones de euros de muchos ayuntamientos ha sido publicado ya en el BOE, y ha puesto en pie de guerra a muchos alcaldes de España.

El asunto proviene, en realidad, de la anterior crisis. En aquellos difíciles años de comienzos de los 2010, muchos ayuntamientos vivieron situaciones al borde del colapso y la suspensión de pagos. Tocó remangarse y ahorrar. Frente a unas comunidades autónomas y un Estado que tenían “compromisos más elevados” y que siguieron, con mayor o menor intensidad, incrementando deuda, la mayor parte de los ayuntamientos mejoraron sus cuentas año a año. Fueron “los frugales” de los años 10.

Ahora estamos ante una crisis más profunda, y las cuentas no salen, así que hay que conseguir fondos de donde sea. Y ese es el objetivo del Decreto-Ley publicado el día 5. La propia norma reconoce que las entidades locales están “saneadas” y se propone, entre un cúmulo de otras medidas, poder dirigir los “excedentes” locales a las partidas que sean necesarias dada la situación generada tras el covid-19.

Frente a esta limitación, que en definitiva les impediría gastar su excedente en lo que quisieran, se han levantado alcaldes de todas las tendencias. Se critica a la FEMP por haberse plegado a un acuerdo con el gobierno que limita la autonomía municipal, y hace pagar a “los frugales” ayuntamientos por la gestión no del todo austera de otras administraciones públicas durante los años anteriores.

Los alcaldes “rebeldes” quieren reunirse directamente con la ministra, sin pasar por la FEMP, y plantear sus quejas. Al bloque se suman, al menos, los regidores de  Zaragoza, Cádiz, Bilbao, Pontevedra, Reus, Granada, Lleida, Murcia, Madrid y Santa Cruz de Tenerife. Salvo Vox y el PSOE, están presentes entre ellos miembros de todos los partidos de ámbito nacional, y de varios de ámbito autonómico. Al acuerdo se adherirán más, y el objetivo es tumbar el Decreto-Ley.

Un Decreto-Ley es una medida excepcional, con rango de ley, y que por su misma excepcionalidad se aprueba por el gobierno con urgencia. Pero necesita la posterior convalidación en el Congreso. Tal y como están las cosas, si los alcaldes pueden llegar a convencer a Unidas Podemos, los partidos nacionalistas, el PP, Ciudadanos, etc, de que voten en contra, la norma no saldrá adelante.

El objetivo de los municipios es que se deje gastar lo ahorrado en lo que quieran quienes lo ahorraron, y que no se les condiciones en aras de un interés general que nadie hacía valer cuando las cosas iban bien.

La convalidación del Decreto-Ley en el Congreso, por tanto, será un buen momento para ver si la nueva línea emprendida (un gobierno, dos opiniones) se plasma en hechos concretos y tiene viabilidad. En el horizonte, otros asuntos incluso más importantes, y, por encima de todos ellos, los Presupuestos Generales del Estado.