Alemania abandera el bloque de países que rechazan la oficialidad del catalán

El reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea ha chocado de nuevo este viernes en Bruselas con las reservas de cerca de una decena de países, liderados por Alemania, por las dudas legales que les suscita la reforma que reclama España, cuyo Gobierno sostiene que ha respondido ya con solvencia a todas las preguntas sobre la mesa y reprocha a algunos de los socios una “táctica dilatoria”.

El secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro, que a su llegada a la reunión pidió al resto de países “no secuestrar ni retrasar innecesariamente” la reforma que reclama España, recurrió dentro de la reunión, según ha podido saber Europa Press, a la solidaridad del resto de gobiernos para permitir una decisión rápida a favor de la oficialidad, sin perjuicio de que más adelante aquellos socios con mayores dudas pudieran recurrir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para obtener un dictamen más claro.

El debate duró casi una hora y fue por momentos tenso y asertivo, según han descrito distintas fuentes a Europa Press, en especial en los intercambios del representante español con el ministro para Asuntos Europeos alemán, Gunther Krichbaum, quien se aferró al dictamen oral del servicio jurídico del Consejo, según el cual sería necesaria una reforma de los Tratados para asegurar la base legal de una eventual oficialidad del catalán, euskera y gallego.

Alemania, que ya en el debate que los ministros mantuvieron el pasado mayo fue el país más duro frente a la petición española y avisó de que votaría en contra si se forzaba el voto, “no se ha movido un milímetro” de su posición, apuntan desde otra delegación.

Además, las reservas legales expresadas por el ministro alemán han sido respaldadas en el curso del debate por otros países que, si bien en público no se han posicionado claramente, a puerta cerrada han suscrito las mismas dudas por la oposición de los servicios legales del Consejo a la reforma sobre la mesa, como Francia e Italia.

Finlandia, Suecia, Bulgaria y Croacia son otros ejemplos de delegaciones que han tomado la palabra para declarar problemas por la falta de claridad respecto al alcance legal de una modificación del reglamento de lenguas que incluyera las tres regionales. Cerca de la mitad de los 27 han intervenido en la discusión durante la que Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia y Chipre mostraron su apoyo explícito y sin reservas a España.

Antes, en declaraciones a la prensa previas al inicio del Consejo de Asuntos Generales, los ministros de Polonia, Austria y Luxemburgo han planteado disposición a dialogar con España, pero dejando claro que es prematuro y que hay asuntos por aclarar pendientes.

“Los servicios legales del Consejo se lo toman en serio y esta opinión de los servicios legales sigue sin cambios. Eso significa que mientras no haya una propuesta sobre la mesa en la que las preocupaciones legales, así como las preocupaciones financieras, queden resueltas, no puede haber consentimiento”, ha zanjado ante la prensa la ministra austríaca para Europa, Claudia Plakolm.

“Es un asunto muy sensible y simbólico y esa es la razón por la cual la presidencia danesa va a tratar este tema en un diálogo continuo con los Estados miembro, con gran cautela”, ha informado, por su parte, la ministra danesa de Asuntos Europeos y presidencia de turno del Consejo de la UE, Marie Bjerre, al término de la jornada.

EL GOBIERNO PIDE A SUS SOCIOS “NO SECUESTRAR” LA OFICIALIDAD

Desde que el Gobierno pactó con Junts en agosto de 2023 defender la oficialidad del catalán en la UE como condición para la investidura de Pedro Sánchez, el asunto se había incluido en la agenda de seis reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE hasta ahora; cuatro bajo la presidencia de turno de España, cuando el Gobierno fijaba la agenda, otra durante la presidencia rotatoria la ejerció Bélgica y una más, en el semestre de Polonia.

En este contexto, Sampedro ha defendido que España ha presentado información solvente para atender a todas las preguntas de sus socios e incluso se ha modificado la última propuesta sobre la mesa para reforzar en su articulado el compromiso del Gobierno de asumir todos los costes que implique la oficialidad de las lenguas cooficiales, aunque no ha puesto una cifra a ese compromiso.

La Comisión Europea presentó a finales de 2023 una evaluación “preliminar” basada en la experiencia del gaélico que apuntaba a que el reconocimiento del catalán, euskera y gallego tendría un coste de 132 millones anuales (44 millones por lengua), pero dijo que abordaría una evaluación específica y en detalle si así se lo pedía España o el Consejo.

“Está claro que no hace falta una revisión de los Tratados”, ha ahondado el secretario de Estado, en alusión a la opinión negativa de los servicios legales del Consejo. Varios países piden un informe legal por escrito para aclarar este asunto y dejar clara la base legal de una eventual reforma, para dejar clara la posición de la UE si el asunto llegara ante el TJUE.

APLICACIÓN PARCIAL Y ASUNCIÓN DE LOS COSTES

En mayo, el Gobierno presentó una propuesta de reforma del reglamento de lenguas más completa que incluía en su parte de “considerando” el compromiso de asumir todo su coste y planteaba una implementación parcial a partir de 2027, de modo que a partir de esa fecha únicamente se traducirían de toda la legislación comunitaria los reglamentos del Consejo y del Parlamento, lo que en la última legislatura supuso menos de 3% de todos los actos jurídicos.

Esta aplicación parcial derivaría de una “derogación” inmediata por la que las instituciones de la UE no estarán obligadas a redactar todos sus actos legislativos ni a publicarlos en el Diario Oficial de la UE en las tres lenguas, según consta en la propuesta circulada a las capitales y a la que tuvo acceso Europa Press. Dicha derogación sería revisada a más tardar en un plazo de cuatro años y podría ser revertida pero, de nuevo, mediante decisión por unanimidad de los 27.

La propuesta, sin embargo, no convenció a los Estados miembro. Desde entonces, el Gobierno ha enviado al resto de países un documento de trabajo de cuatro páginas explicando de nuevo las claves de su defensa, incluida la reivindicación de la “identidad nacional plurilingüe” de España y el reconocimiento de las tres lenguas cooficiales en la Constitución, así como su uso en el Congreso de los Diputados y del Senado.

También evoca que el catalán, euskera y gallego se usan desde 2005 en diversas instituciones de la UE gracias a acuerdos administrativos específicos, incluido en el Consejo y en el Comité de las Regiones de la UE, e insiste en que las especificidades del caso español hacen que no suponga un “precedente” al que puedan sumarse más adelante otras lenguas regionales.

Además, España presentó en las semanas previas una propuesta “revisada” de la que puso sobre la mesa en mayo para incluir en el articulado y no sólo en los “considerando” el compromiso de que será España quien asuma el coste del reconocimiento de las lenguas, según ha podido saber Europa Press, aunque sigue sin haber una cifra sobre cuál sería ese coste.

El que el Gobierno asuma este coste sería una anomalía ya que una de las claves del reglamento de lenguas oficiales de la UE es que garantiza que la financiación de su interpretación y traducción recae plenamente sobre las arcas comunitarias. Por eso, y pese al compromiso declarado del Gobierno, los países con mayores dudas piden aclarar tanto desde el punto de vista financiero como legal la cuestión de la financiación.