Argentina: Cámara de Diputados aprueba media sanción para modificar el huso horario

En una sesión maratónica celebrada ayer en la Cámara de Diputados, los legisladores argentinos dieron un paso significativo hacia la modificación del huso horario nacional, aprobando con media sanción un proyecto que busca alinear mejor el reloj oficial con la luz solar y generar ahorros energéticos. La iniciativa, que ahora pasará al Senado para su revisión, podría implicar retrasar los relojes una hora en todo el territorio, reviviendo en cierto modo el antiguo sistema de horarios estacionales que el país abandonó hace más de una década.

El proyecto de ley, identificado como expediente 1110-D-2024, fue presentado por el diputado radical Julio Cobos, ex vicepresidente de la Nación y representante de Mendoza. En su esencia, establece como hora oficial la del huso horario UTC-4 (cuatro horas al oeste del meridiano de Greenwich), lo que representaría un atraso de una hora respecto al actual UTC-3. Sin embargo, el texto incluye una cláusula clave: faculta al Poder Ejecutivo Nacional a implementar el huso UTC-3 durante los meses de verano, en casos excepcionales como emergencias energéticas o para maximizar el aprovechamiento de la luz diurna. Esto abre la puerta a un retorno parcial al “horario de verano”, similar al que se aplicaba en etapas anteriores de la historia argentina.

Los fundamentos del proyecto se centran en tres pilares principales: el ahorro energético, el impacto en la salud y la educación, y la coordinación regional. Según estudios citados por Cobos, como los del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE) del CONICET en Mendoza, el desfasaje actual entre la hora oficial y la solar genera un mayor consumo de electricidad artificial, especialmente en las mañanas invernales cuando millones de argentinos inician sus actividades en la oscuridad. En un contexto de volatilidad en los precios globales de la energía –agudizada por conflictos como la guerra en Ucrania y tensiones en Medio Oriente–, este cambio podría traducirse en ahorros significativos para el Estado y los hogares.

En el ámbito social, los impulsores argumentan que el ajuste beneficiaría a estudiantes y trabajadores. “El desfasaje afecta el rendimiento académico, ya que los niños van a la escuela sin luz natural, lo que incide en su concentración y bienestar”, explicó Cobos en su exposición. Además, se destaca el potencial para mejorar la coordinación con países del Mercosur, como Brasil, facilitando operaciones bancarias, mercados financieros y transportes internacionales, que actualmente se ven complicados por las diferencias horarias.

Históricamente, Argentina ha experimentado con sus husos horarios en múltiples ocasiones. Desde 1920, el país adoptó UTC-4 como base, pero en 1969 se shifted a UTC-3 para maximizar la luz diurna en verano. Leyes posteriores, como la 26.350 de 2007, introdujeron cambios estacionales (UTC-4 en invierno y UTC-3 en verano), pero estos fueron suspendidos en 2009 debido a controversias sobre su efectividad y el impacto en la rutina diaria. Proyectos similares, como el de 1999 (Ley 25.155), fueron rápidamente derogados, reflejando la inestabilidad en esta materia. Cobos, en su iniciativa, busca corregir este “desfasaje histórico” que, según él, genera costos innecesarios y afecta la calidad de vida de la población.

La aprobación en Diputados no estuvo exenta de debate. Si bien la media sanción se obtuvo sin un análisis previo exhaustivo –tratado “sobre tablas” en la sesión del 20 de agosto–, contó con amplio apoyo transversal. Sin embargo, críticos internos y externos han señalado posibles inconvenientes: el inicial malestar en la adaptación de horarios laborales, escolares y de servicios públicos, así como dudas sobre el real impacto en el ahorro energético en regiones como el norte del país, donde la variación solar es menor. Internacionalmente, experiencias como las de Chile –que retrasa sus relojes en invierno– han mostrado beneficios, pero también resistencias iniciales.

Si el Senado aprueba el proyecto sin modificaciones, los cambios podrían implementarse a partir del primer domingo de abril u octubre, dependiendo de la decisión ejecutiva. Esto marcaría un giro en la política temporal argentina, priorizando la eficiencia energética en tiempos de crisis económica.