Argentina: acusaciones de corrupción en el Gobierno de Milei

El gobierno libertario encabezado por Javier Milei enfrenta su primera gran crisis por un caso de posible corrupción que ha sacudido los cimientos de su joven administración. El escándalo, conocido como “Capital Humano-Gate”, involucra al Ministerio de Capital Humano y ha llevado a la destitución de Pablo De la Torre, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia.

El Descubrimiento del Caso

El caso salió a la luz gracias a una investigación del portal El Destape, que reveló la existencia de más de 5 millones de kilos de alimentos no entregados y almacenados en dos depósitos ubicados en Villa Martelli (Vicente López, Provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán). Estos alimentos, destinados a comedores comunitarios y otras organizaciones sociales, estaban próximos a vencer, generando un fuerte cuestionamiento sobre la gestión de los recursos alimentarios.

Ante la revelación, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, decidió destituir a Pablo De la Torre y a otros funcionarios implicados. En un comunicado, el Ministerio señaló que “limitarían las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería”.

El 3 de junio, Leila Gianni, subsecretaria de Legales de Capital Humano, presentó una denuncia en la Justicia federal por irregularidades en la contratación de personal de la Secretaría a cargo de De la Torre. La denuncia, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, se basa en la falta de control y gestión de los alimentos almacenados.

El “Capital Humano-Gate”

El escándalo no se limita solo a los alimentos no entregados. Una investigación de Data Clave reveló un sistema de recaudación opaco dentro del Ministerio de Capital Humano, utilizado para el pago de sobresueldos y otras actividades no declaradas. Este sistema involucraba convenios con organismos internacionales, como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), para la ejecución de programas financiados por fondos públicos, cuyo presupuesto era administrado externamente y sin auditoría.

Federico Fernández, un funcionario de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, fue identificado como el principal responsable del esquema de facturación irregular. Según la investigación, Fernández contrató a personas a través de la OEI, quienes facturaban servicios no prestados, y esos fondos eran utilizados para pagar sobresueldos y financiar actividades políticas.

El “Capital Humano-Gate” ha desencadenado una serie de denuncias y una intensa crisis dentro del gobierno libertario. La Asociación Civil “Arco Social” y el abogado Leonardo Martínez Herrero han presentado denuncias en los tribunales de Comodoro Py, solicitando la investigación de delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y asociación ilícita. Estas denuncias apuntan no solo a De la Torre, sino también a otros funcionarios y a la propia ministra Pettovello.

El escándalo ha llevado a una serie de declaraciones públicas y movimientos políticos. Pettovello, en una entrevista, reconoció la existencia de irregularidades en la gestión de los convenios con la OEI, aunque negó su conocimiento previo de las maniobras corruptas. Por su parte, Pablo De la Torre y su hermano Joaquín han iniciado una campaña de contrataque, acusando a sectores dentro del gobierno de orquestar una operación política en su contra.