La presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, ha alegado ante la Junta Electoral Central (JEC) que la sentencia que la condenó por prevaricación y falsedad documental no es firme y que retirarle el escaño vulneraría su derecho a la participación política y a la presunción de inocencia.
En un escrito remitido a la JEC, consultado por Europa Press, sus abogados sostienen que el órgano electoral no es competente para “dejar sin efecto credenciales o declarar vacantes” en el Parlament, como ocurrió con el expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exdiptuado Pau Juvillà.
A su juicio, los argumentos en los que la JEC se ha amparado en el pasado para declarar vacantes escaños son “creaciones jurídicas ad hoc para intentar privar arbitraria e ilegalmente de un cargo electo” al margen de las garantías del Estado de derecho.
Además, defienden que la JEC solo puede pronunciarse sobre la elegibilidad de un candidato que aún no ha sido elegido, lo cual no es su caso: “Es evidente que quien ha resultado elegido no puede devenir inelegible en relación con un proceso que ha concluido, ni siquiera sobrevenidamente”.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó a Borràs a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos al considerar probado que los adjudicó a dedo a un amigo con presupuestos falsos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), en una sentencia recurrida ante el Tribunal Supremo (TS) y que aún no es firme.
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