El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dicho este miércoles que España es “libre” de derogar el delito de sedición de su Código Penal porque es un asunto que recae en la “competencia exclusiva” de los Estados miembro, siempre que actúen dentro de lo que marca su Constitución y las obligaciones internacionales.
Así lo ha expresado al cierre de un debate sobre la salud democrática en España celebrado en el pleno del Parlamento Europeo a petición del Partido Popular Europeo y en el que Reynders también ha aclarado que los servicios comunitarios están examinando otra modificación, la que afecta al delito de malversación, para aclarar cómo afecta a la protección de los fondos europeos que exigen las normas de la UE.
“La sedición es algo que recae exclusivamente en la competencia de los Estados miembro, lo que significa que los Estados miembro son libres de aprobar o enmendar la legislación en este ámbito como bien lo consideren, siempre que respeten sus obligaciones internacionales y constitucionales”, ha resumido Reynders.
A lo largo de la poco más de una hora que ha durado el debate celebrado en Estrasburgo (Francia) han intervenido una treintena de eurodiputados de todo signo, al menos la mitad de ellos españoles, con posiciones que siguen la línea marcada por sus respectivas familias políticas en España.
En este contexto, Reynders ha repasado las recomendaciones que la Comisión Europea realizó a España en su informe anual sobre Estado de derecho publicado el pasado julio e indicado que su progresión volverá a ser analizada en el próximo informe, previsto para mitad de año, incluido el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otras cuestiones como los recientes nombramientos en el Tribunal Supremo.
Sobre la situación en el CGPJ, Reynders ha lamentado que se rompieran las negociaciones entre Gobierno y oposición el pasado otoño, al tiempo que ha emplazado a todas las partes a “tomar todas las acciones necesarias” para resolver la situación.
Para ello, ha recordado, Bruselas reclama que se asuma con carácter “prioritario” la renovación del órgano de gobierno de los jueces y que, “inmediatamente después”, se inicie una reforma del sistema de designación de sus miembros para evitar que el CGPJ se perciba como “vulnerable” a la politización.
