El PSOE y Junts han registrado en el Congreso una propuesta de Ley Orgánica para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, que incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada.
El pacto entre socialistas e independentistas catalanes también llevará a los Mossos d’Esquadra a cogestionar con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas. Para ello, la policía catalana estará en frontera y actuará para hacer cumplir la ley en cooperación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Además, Cataluña se configurará como “ventanilla única” en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; así como expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español. También se incrementará el número de Mossos de 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.
Un modelo de “ventanilla única” para la inmigración
Según el texto registrado en el Congreso, Cataluña pasará a ser la administración responsable de:
- La tramitación de autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia permanente.
- La expedición del documento de identidad para extranjeros a partir del Registro de Números de Identidad de Extranjeros (NIE) del Estado español.
- La gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
- La coordinación y ejecución de devoluciones y expulsiones de inmigrantes.
Uno de los aspectos clave del acuerdo es que las expulsiones sin expediente serán gestionadas directamente por la Generalitat, mientras que aquellas que requieran expediente seguirán criterios establecidos por la Junta de Seguridad de Cataluña.
El papel de los Mossos d’Esquadra en la seguridad fronteriza
El acuerdo también prevé un refuerzo en la presencia de los Mossos d’Esquadra en el control de fronteras, aeropuertos y puertos, donde ejercerán competencias en materia de seguridad en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
En este sentido, se incrementará el número de agentes de los Mossos en 1.800 efectivos, alcanzando un total de 26.800. Asimismo, el cuerpo autonómico será responsable de la prevención, persecución y protección de víctimas de trata y explotación de seres humanos.
Un paso clave en la descentralización de la política migratoria
Desde Junts han celebrado el acuerdo como un avance histórico en el autogobierno catalán, asegurando que permitirá desarrollar un modelo propio de gestión migratoria adaptado a las necesidades de Cataluña. Sin embargo, el Gobierno central ha dejado claro que el control de fronteras seguirá siendo una competencia del Estado, aunque se permitirá a los Mossos un mayor protagonismo en los puntos de entrada.
El PSOE defiende que esta delegación de competencias se enmarca en la Constitución y responde a la necesidad de mejorar la integración de la población inmigrante en Cataluña, donde el 18% de los residentes tiene nacionalidad extranjera y un 24% ha nacido fuera de la comunidad.
El acuerdo allana el camino para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), dado que Junts había condicionado su apoyo a la consecución de esta transferencia de competencias. No obstante, la oposición ha criticado el pacto, acusando al Gobierno de ceder a las presiones de los independentistas en un tema clave como la inmigración.
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