Ciudadanos denunciará los planes de Sánchez ante la UE

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado este martes que al Gobierno “le da igual” que los magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC) tengan el mandato caducado porque Pedro Sánchez busca que los jueces “no se interpongan” y que el TC “le dé la razón” ante las reformas legislativas promovidas por el PSOE.

El presidente ha acatado la decisión del lunes del TC de paralizar la votación en el Senado de la reforma para renovar el propio tribunal, pero ha anunciado que su Ejecutivo adoptará “cuantas medidas sean precisas para poner fin al bloqueo del CGPJ y del TC” y para que la voluntad popular sea respetada.

Arrimadas ha pedido no perder el foco y ha recordado que, a pesar de que el Senado haya extraído las enmiendas para renovar el TC, el Pleno de la Cámara Alta aprobará la reforma en la que estaban integradas, que suprime el delito de sedición y reforma el de la malversación.

En este sentido, ha insistido en la idea de que Sánchez “quiere controlar como sea el TC para que no le ponga pegas a las barbaridades que quiere conceder a los separatistas” para “seguir en Moncloa a cambio de lo que sea”.

“Lo que se va a votar es absolutamente antidemocrático, se va a votar por la puerta de atrás rebajar la sedición y la malversación para beneficiar a un puñado de delincuentes, hacer un Código Penal de lo que necesitan cuatro delincuentes”, ha dicho, haciendo hincapié en que para esto “no hay precedentes”.

Por ello, ha defendido la propuesta de Ciudadanos de cambiar el sistema de elección de los jueces y ha desvelado que el portavoz de la formación ‘naranja’ en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, se reunirá con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, el 9 de enero, para abordar el asunto del poder judicial en España.

CONSECUENCIAS DE DESOÍR EL DICTAMEN

Por otro lado, ha vuelto a mostrar su “satisfacción” por la resolución del TC y su “preocupación” por los discursos del Gobierno, que a su juicio repiten “frases literales” que los líderes independentistas pronunciaron en 2017, cuando tuvo lugar el referéndum de autodeterminación ilegal en Cataluña.

En esta línea, ante el llamamiento de Unidas Podemos a movilizar a la sociedad tras el pronunciamiento del TC, ha alertado sobre las consecuencias que la desobediencia tendría. A su juicio, la desobediencia tiene consecuencias sociales y económicas y no sólo causa una situación de choque institucional.

También ha arremetido contra el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, por su “discurso incendiario”; y contra los presidentes del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, que “no pueden ser ministros del Gobierno”.