Claudia Montes, ex Miss Asturias y vinculada como amiga de José Luis Ábalos, ha declarado este miércoles sobre el trabajo que presuntamente consiguió en Logirail, filial de Renfe, en el marco del juicio que investiga posibles irregularidades. Ha defendido que nunca dejó de ir a trabajar, aunque en ocasiones no acudía a su oficina, explicando que aprovechaba su jornada laboral para acudir a la biblioteca de Oviedo.

La testigo ha relatado que la razón por la que dejó de asistir a su puesto habitual fue que el espacio asignado no reunía las condiciones adecuadas. Según su versión, se trataba de una oficina situada en una planta baja, “contra la pared”, en la que no se encontraba cómoda ni podía desempeñar correctamente sus funciones. Por ello, decidió acudir a la biblioteca, donde leía libros relacionados con el mundo ferroviario, insistiendo en que todo ello formaba parte de su trabajo.

Montes ha subrayado que esos libros eran “todos referentes a trenes” y que su intención era formarse y conocer en profundidad el sector. En este sentido, ha reiterado que “en ningún momento” dejó de trabajar, pese a no estar físicamente en su oficina, defendiendo así su desempeño durante su etapa en la empresa pública.

Durante su declaración, también ha explicado que su incorporación a Logirail se produjo tras participar en procesos de selección. Según ha indicado, fue el propio Ábalos quien le facilitó enlaces a ofertas de empleo, a las que se presentó a través de plataformas como InfoJobs. Posteriormente, fue contactada por la empresa y realizó entrevistas antes de ser contratada, asegurando que su perfil encajaba en el puesto ofertado.

Asimismo, ha negado tener constancia de que el exministro interviniera directamente en su contratación. Ha afirmado que nunca le dijo que estuviera “enchufada”, insistiendo en que accedió al puesto por méritos propios. En la misma línea, ha señalado que trasladó su currículum a Koldo García, pero sostiene que no se produjo ninguna actuación irregular.

En relación con su jornada laboral, Montes ha defendido su implicación, afirmando que incluso llegó a realizar horas extra y que comenzaba su día a primera hora de la mañana. También ha mencionado que puede acreditar estos hábitos a través de publicaciones en redes sociales, donde compartía su rutina diaria.

La declaración de Montes se produce en el contexto de un proceso judicial que analiza posibles irregularidades en contrataciones vinculadas al entorno del exministro. Mientras ella sostiene que cumplía con sus obligaciones laborales, otros testimonios han cuestionado su asistencia regular al puesto, señalando discrepancias que el tribunal deberá esclarecer.

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La investigación judicial en torno al entorno del exministro José Luis Ábalos continúa sumando declaraciones y nuevos elementos que tratan de esclarecer posibles irregularidades en contrataciones públicas. En este contexto, el foco se sitúa en distintas personas vinculadas a su círculo cercano y en la forma en que accedieron a determinados puestos en empresas públicas o relacionadas con la administración.

Según las informaciones conocidas, el proceso judicial analiza si existieron mecanismos de favor o trato de privilegio en la adjudicación de empleos, especialmente en entidades dependientes del ámbito ferroviario. Las pesquisas buscan determinar si hubo una utilización indebida de influencias para facilitar contrataciones, algo que tanto los implicados como el propio entorno del exministro han negado de forma reiterada.

En las distintas comparecencias, los investigados han defendido que su acceso a los puestos de trabajo se produjo mediante cauces ordinarios, como procesos de selección abiertos o plataformas de empleo. Insisten en que cumplían con los requisitos exigidos y que no recibieron trato de favor, subrayando que su perfil profesional se ajustaba a las funciones desempeñadas.

Sin embargo, otras declaraciones y documentación aportada al procedimiento han generado dudas sobre la regularidad de estos procesos. Algunos testimonios apuntan a posibles irregularidades en la asistencia al trabajo o en la propia definición de las funciones asignadas. Estas contradicciones han llevado al tribunal a profundizar en el análisis de los hechos, con el objetivo de aclarar si existieron prácticas irregulares.

El caso también pone el foco en la relación entre determinados cargos políticos y personas de su entorno personal, y en qué medida esas relaciones pudieron influir en decisiones administrativas. La investigación trata de delimitar responsabilidades y determinar si se vulneraron los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público.

Por su parte, las defensas sostienen que no hay pruebas concluyentes de irregularidades y que las sospechas se basan en interpretaciones parciales de los hechos. Argumentan que los procedimientos seguidos fueron legales y que no existe evidencia de intervención directa por parte de responsables políticos en las contrataciones cuestionadas.

El desarrollo del proceso judicial continuará en las próximas semanas con nuevas comparecencias y la revisión de documentación relevante. Será entonces cuando el tribunal pueda valorar de forma más precisa las versiones ofrecidas y determinar si existieron responsabilidades penales o administrativas en los hechos investigados.