Compromís reclama un escudo social más amplio

El diputado en el Congreso de Compromís adscrito al grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, ha hecho este sábado un llamamiento al Gobierno para ampliar las medidas del ‘escudo social’, incluyendo un nuevo impuesto a las cadenas de supermercados, ante las consecuencias derivadas de la guerra de Irán en el coste de los combustibles o los alimentos.

Hace unas semanas, el Congreso validó un decreto del Gobierno con un plan de 80 medidas para movilizar hasta 5.000 millones de euros para amortiguar las consecuencias del conflicto bélico con rebajas del IVA a los carburantes y ayudas directas a sectores vulnerables, entre otras medidas.

El mismo Consejo de Ministro aprobó a finales de marzo otro decreto más social, propulsado por Sumar, el que prorroga los contratos de alquiler de vivienda que venzan este año, entre otras medidas. Sin embargo, no fue enviado al Congreso para su ratificación. El Gobierno apurará hasta final de abril para llevarlo al Parlamento porque no cuenta con los apoyos para ratificarlo, ya que previsiblemente PP, Vox y Junts votarán en contra.

“La unidad de las izquierdas pasa por defender techo, energía y cesta de la compra. El escudo social incluye la prórroga de alquileres. Ahora recuperará el impuesto al oligopolio energético. También debería incluir un impuesto inteligente a las grandes cadenas de supermercados”, ha manifestado el diputado a través de su cuenta personal en ‘X’.

Las familias más vulnerables son las que están sufriendo el aumento del coste de los alimentos o del combustible por la crisis en Oriente Medio. Por ello, el dirigente de Compromís ha hecho un llamamiento a incluir esta propuesta en el ‘escudo social’ creado por el Gobierno.

Igualmente, insta a la alianza de izquierdas a unirse bajo estas premisas sin olvidarse del papel de la vivienda, con medidas como incluir la prórroga de alquileres para aquellas personas más desfavorecidas.

Estas palabras han llegado en respuesta al anuncio de este sábado donde España, junto a Alemania, Italia, Austria y Portugal, ha solicitado a la Comisión Europea la creación de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, tras el aumento de las últimas semanas del precio de los combustibles con el objetivo de que la crisis no recaiga en su totalidad en los consumidores y frenar la inflación, sin sobrecargar los presupuestos públicos.