El Congreso debate la reforma sin que el TC haya resuelto el recurso de PP

Poco después de las 15.15 horas de este jueves el Congreso ha abierto la sesión plenaria convocada exprofeso para aprobar la ley que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación y cambia las mayorías del Consejo General del Poder Judicial para nombrar magistrados del Tribunal Constitucional, y lo ha hecho sin que el tribunal de garantías se haya pronunciado sobre el recurso interpuesto por el PP para evitar que se voten las enmiendas destinadas a desbloquear la renovación de este órgano constitucional.

Los magistrados del Constitucional se reunieron a la una de la tarde para decidir si admitían el recurso del PP que pide paralizar de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de las citadas enmiendas, por las que se modifica el sistema de elección y la llegada al TC de los dos candidatos nominados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y de los dos que corresponde nombrar al Gobierno.

Pero poco después de una hora, el Pleno del TC ha quedado suspendido hasta el próximo lunes sin haber resuelto el recurso del PP. Y la Cámara Baja ha seguido con su agenda dando comienzo a la segunda sesión plenaria de este jueves, que se convocó precisamente con ese único punto en el orden del día: la aprobación del dictamen que la Comisión de Justicia emitió el pasado martes sobre la proposición de ley registrada por el PSOE y Unidas Podemos el pasado 11 de noviembre.

En ese texto no sólo se aborda el fin del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del ‘procés’, sino que también traspone directivas europeas sobre contrabando de armas de doble uso y recoge un agravamiento de penas por ocultación de cadáver.

Pero, además, se ha acabado incluyendo vía enmiendas un nuevo delito de enriquecimiento ilícito, una reforma del de malversación, medidas de conciliación para los operadores judiciales y los cambios que afectan tanto a CGPJ como al Tribunal Constitucional, que son los únicos impugnados por el PP.

La impugnación de los ‘populares’, que coincide con la que registró después Vox, no buscaba parar el Pleno del Congreso, sino sacar del debate esas dos enmiendas que afectan al CGPJ y al TC por considerar que son ajenas al objeto de la iniciativa original y que su tramitación merma la capacidad de la oposición para participar en los debates parlamentarios.