Consumo impone a Airbnb el bloqueo de casi 66.000 anuncios ilegales de pisos turísticos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto a la compañía Airbnb el bloqueo de casi 66.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojados en su plataforma, según ha informado este lunes el Departamento que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado.

A través de la Dirección General de Consumo, el Ministerio ha instado a la filial en Irlanda de esta multinacional a eliminar un total de 65.935 anuncios al considerarlos ilícitos por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos.

En concreto, considera que se vulnera la normativa de las diferentes comunidades autónomas donde Consumo ha detectado estos anuncios. En todos los casos, además, se trata de viviendas completas de uso turístico, sin que aparezcan anuncios de habitaciones individuales.

En los últimos meses, el Ministerio ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron esos más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas que se detectaron en su plataforma, resoluciones en las que se instaba a esta empresa a bloquear esta publicidad.

Airbnb recurrió esta acción ante los tribunales para evitar el bloqueo y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado sobre la primera resolución emitiendo un auto en el que avala las actuaciones de Consumo.

En respuesta a lo impuesto por el Ministerio en su primera resolución, el TSJM insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata.

¿POR QUÉ SON ILEGALES LOS ANUNCIOS DE AIRBNB?

Desde la Dirección General de Consumo se argumentan tres razones para justificar la ilegalidad de los 65.935 anuncios de pisos turísticos que se han detectado en Airbnb y que estarían incumpliendo diferentes normativas.

En primer lugar, los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas, lo que supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.

Asimismo, los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, de forma que se desconoce si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.

En tercer lugar, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, práctica que “puede inducir a error o a engaño” a los consumidores.

Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el TSJM en el auto afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en las comunidades de Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco.

En base a esta cuestión, el ministro Bustinduy ha manifestado públicamente su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes “para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos”, así como para favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores.

Por esta razón, Consumo está trabajando en diversas actuaciones complementarias a las que puedan desarrollar otras autoridades, explica el Ministerio, que ha señalado que está “redoblando su compromiso con esta causa” aportando la información que está recopilando la Unidad de Análisis de Consumo y ofreciendo asistencia técnica a otras administraciones para que actúen en esta línea y pongan fin “a los miles de anuncios ilícitos detectados”.

En este contexto, la Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador en diciembre de 2024 a una plataforma de alquiler de vivienda turística por un potencial incumplimiento de la normativa de Consumo sobre la publicidad del número de licencia.

Asimismo, en febrero de 2025 abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador.

Estos expedientes sancionadores siguen su curso con independencia de las medidas ahora anunciadas. Además, el pasado 27 de marzo se abrió también un expediente sancionador a una gran inmobiliaria por prácticas abusivas contra inquilinos.