Crece la lista de embargos a España por los impagos de las renovables

En las últimas semanas han trascendido nuevos embargos que afectan al Reino de España y están relacionados con la decisión del ministerio de Transición Ecológica, de impagar los laudos que condenan a nuestro país por la retirada retroactiva de las primas renovables. Los cambios fiscales y regulatorios adoptados al final del mandato de Rodríguez Zapatero y al comienzo del gobierno de Mariano Rajoy motivaron más de 50 procedimientos de arbitraje internacional, de los cuales hay 26 que ya cuentan con un laudo definitivo y condenatorio con España.

Los pagos pendientes a las empresas afectadas rondan los 1.560 millones de euros, pero esta cifra no recoge las condenas en costas o los intereses de demora, que elevan el monto adeudado en otros 315 millones de euros.

Desde comienzos de 2023, esta situación ha salpicado a distintas empresas públicas, organismos y activos del Reino de España. Los embargos, autorizados por la magistratura de distintos países, son una medida compensatoria que permite a los afectados recuperar parte de su dinero, si bien las empresas siguen insistiendo en que este tipo de soluciones son propias de países con altos niveles de inseguridad jurídica y piden a Teresa Ribera un acuerdo constructivo que permita resolver la cuestión con facilidad.

Embargos autorizados

A continuación se detallan todos los embargos autorizados, un listado que seguirá creciendo próximamente, según advierten los afectados.

Derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige.
En febrero de 2023, el Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales dio visto bueno a la intervención cautelar del derecho de cobro de la indemnización que España espera recibir por el hundimiento del barco petrolero Prestige. Dicho pago está valorado en más de 900 millones, aunque el pedido de embargo plantea la intervención de aproximadamente 100 millones.

Sede del Instituto Cervantes en Londres.
En abril de 2023, la Alta Corte de las islas británicas autorizó asimismo el embargo cautelar de la propiedad del edificio que sirve como sede del Instituto Cervantes en Londres. En este caso, las medidas adoptadas están relacionadas con una deuda pendiente de pago valorada en 30 millones. El inmueble está ubicado en los números 15-19 de la ronda Devereux, en pleno centro de Londres.

Sede de promoción exterior de la Generalidad de Cataluña.
También en abril de 2023, el Supremo británico movió ficha contra otra propiedad inmobiliaria, que en este caso se sitúa en el número 17 de la calle Fleet Street, en el corazón de la capital de las islas. La deuda reclamada en este caso es la misma que llevó a la incautación de la sede del Instituto Cervantes, de modo que su valor ronda los 30 millones.

Sede de la Escuela Internacional Vicente Cañadas.
En agosto de 2023, los acreedores lograron que la justicia británica autorice la incautación de la sede londinense del Instituto Español Vicente Cañada Blanch. El inmueble ocupa los números 317 y 318 de la calle Portobello Road de Londres. Fuentes asignan a la propiedad un valor de mercado de 10-15 millones. Dentro de la propiedad también hay oficinas de la UNED y aulas del Instituto Cervantes.

Cuatro cuentas bancarias.
En noviembre de 2023, la magistratura londinense dio el visto bueno al embargo de cuatro cuentas de banco del Reino de España. Los fondos depositados en las mismas ascienden a 699.057 libras esterlinas, equivalentes a unos 805.000 euros, bajo custodia de la filial británica del Banco Santander.

Pagos de Eurocontrol a Enaire.
En primavera de 2024, la justicia belga intervino los pagos de Eurocontrol a Enaire. La primera reclamación fue de 32 millones, pero el embargo de junio ascendió a más de 80 millones. Los pagos anuales de Eurocontrol a Enaire rondan los 600 millones.

Participación de AENA en Luton.
En julio de 2024, la justicia británica aprobó el embargo parcial del usufructo que AENA ostenta sobre el 51% del aeropuerto de Luton. La confiscación se limitó al 26%, con un impacto estimado en 25 millones anuales.

Default técnico de 237 millones de deuda pública.
En abril de 2023, las empresas afectadas intervinieron cuatro bonos de deuda soberana e invocaron una cláusula que permite declarar un default técnico. El flujo de pagos pendientes ronda los 1.000 millones. Entre julio y agosto de 2024 se cursaron notificaciones judiciales en Reino Unido, estimándose que el daño a la economía española supera los 7.340 millones.

La cartera de bienes susceptibles de embargo ronda los 5.000 millones de euros, según expertos consultados, quienes advierten que nuevas acciones podrían producirse en Australia y Estados Unidos si no se alcanza un acuerdo con los acreedores.