Se sigue avanzando en el procedimiento judicial contra los líderes encarcelados y huidos tras los acontecimientos del otoño de 2017 en Cataluña.
Hoy se han conocido las solicitudes de penas de la fiscalía, y, a la vista del escrito del abogado del Estado de ayer, queda claro que se produce una discrepancia notable entre ambas acusaciones. Mientras la primera ha decidido no imputar a los acusados el delito de rebelión, dejando la acusación en una mera «sedición», que no implica un alzamiento violento, la fiscalía mantiene su acusación por el más grave de los delitos, además de los ya conocidos de malversación de caudales públicos y desobediencia.
La consecuencia de esta discrepancia de criterios es que la abogacía del Estado, directamente vinculada al Ministerio de Justicia, realiza una petición de penas para Junqueras y los demás encausados que puede llegar a ser la mitad o menos que la de la fiscalía. Por ejemplo, para el líder de ERC se solicitan 25 años de prisión por la fiscalía y tan solo 12 por la abogacía del Estado.
El inicio del juicio oral por esta causa es previsible que se produzca a lo largo del mes de enero, prolongándose quizás hasta marzo o primeros de abril, para terminar con una sentencia alrededor del mes de junio, tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo.
