El presidente catalán Quim Torra sigue deshojando la margarita de las próximas elecciones catalanas. En un primer momento se iban a convocar una vez aprobados los presupuestos, pero el covid-19 se cruzó por el camino y todo se interrumpió. Mientras tanto dio tiempo a celebrarse a las elecciones vascas y gallegas, a finalizar el confinamiento, a reorganizar un nuevo partido (Junts) aglutinado en torno a Puigdemont y a pasar el verano.

Termina agosto y la disputa por el nombre amenaza con hacer imposible el acuerdo. La sopa de siglas incluye numerosas variantes, y destacan entre ellas el ya citado "Junts", constituido el 10 de julio, que viene a solaparse al anterior "Junts per Catalunya", en disputa con el anterior "PDECat", el nuevo "PNC", y varias alternativas más que pululan, más o menos, en el mismo espacio electoral.

Todos son conscientes de que concurrir así a las elecciones llevaría al desconcierto, pero en Junts creen que tienen todas las de ganar: a la hora de votar, los electores optarán por Puigdemont y dejarán a los demás en la irrelevancia.

Pero no todas las batallas son electorales: también las hay jurídicas. La semana que viene ambas partes (la nueva dirección de Junts, y la del PDECat, que considera que se le ha arrebatado ilegalmente el nombre del partido), están citadas a declarar en una vista judicial en la que se solicita que se prive inmediatamente a Carles Puigdemont del derecho a usar las siglas, al menos como medida cautelar hasta que se decida definitivamente quién tiene derecho a "Junts per Catalunya" y quién no.

La decisión de los órganos del PDECat de llevar a los tribunales la cuestión amplía el cisma, hasta el punto de que los cinco senadores que tiene el grupo en el Senado se han dado de baja en el partido. Josep Lluís Cleries, Assumpció Castellví, Mayte Rivero, Josep Maria Cervera, y Josep Maria Matamala consideran que la disputa por la marca "Junts", lleva al partido a una deriva de la que no quieren formar parte.

Mientras tanto, la cada vez más cercana posible imputación de Quim Torra se cierne sobre el proceso. El president hubiera querido estar fuera de la Generalitat antes de que se dicte una probable inhabilitación en firme contra él, pero los plazos se acaban, las citaciones judiciales llegarán con el otoño, y no se ve salida al embrollo, a pesar de las buenas expectativas electorales que tendría quien, finalmente, consiga poder utilizar las siglas una vez se convoquen las elecciones. Algunos especulan ya con dejarlo todo para 2021, pero otros presionan para que se celebren en el 2020 previsto inicialmente.