El fondo de 16.000 millones de euros que definitivamente aprobó el Consejo de Ministros en su reunión del martes es, ahora, motivo de disputa entre las distintas comunidades. El fondo supondrá una gran transferencia de recursos a las comunidades, será "no reembolsable" y se dividirá en cuatro partes.

En el mes de julio se pagarán 6.000 millones para materia sanitaria, con criterios de reparto muy complejos:

• La población protegida equivalente (las franjas de edad mayores ponderan más)
• El número de ingresos en UCI
• Las hospitalizaciones producidas y
• El número de pruebas PCR realizadas. . El Gobierno se muestra incapaz de concretar las partidas que le corresponderán a cada territorio, pero sí ha fijado ya las reglas en base a las que se procederá a repartir esta bolsa, «la mayor transferencia de recursos a las comunidades» con carácter «no reembolsable», presumió la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. Se dividirá en cuatro tramos.

En septiembre, 2.000 millones de euros se dedicarán a la educación, la gran mayoría según la población menor de 17 años de cada comunidad, aunque una quinta parte se destinará a la educación superior, para edades entre 17 y 24 años.

En noviembre se hará una segunda aportación (3.000 millones) con criterios sanitarios, iguales a los anteriores, pero dando más peso al primero de ellos.

Finalmente en diciembre se aportará a las comunidades un total de 5.000 millones para ajustar los presupuestos, en partidas como por ejemplo los transportes, y compensar así la caída de ingresos.

Mientras tanto, las comunidades hacen cuentas y van perfilando las cantidades que les corresponden, que todavía no se han concretado. Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana recibirían en conjunto más de la mitad del total, pero en Cataluña no están satisfechos y recuerdan que la Generalitat sigue reclamando una compensación adicional de unos 15.000 millones. que recibirá una Galicia ha declarado que la cantidad que previsiblemente le correspondería es "notoriamente insuficiente", mientras que Andalucía cifra su "déficit" en unos 800 millones, y no descarta acudir a los tribunales para reclamar un reparto más justo.