El asunto de la reforma de las pensiones es uno de los que debería afrontarse, teóricamente, antes del 31 de diciembre, y que marcará (aunque sea en forma de discretas reuniones a puerta cerrada entre los partidos) el curso político.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha planteado este miércoles una revisión y modernización de los criterios de las prestaciones de protección social, en línea con los del ingreso mínimo vital, al tiempo que ha abogado por subir las pensiones mínimas y ha descartado en este momento una subida de cotizaciones.

Así lo ha dejado ver durante su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso para informar sobre la renovación de las recomendaciones sobre las pensiones.

Escrivá ha defendido que el ingreso mínimo es una prestación "moderna, focalizada y eficaz" para la distribución de rentas, frente a las actuales que son "mejorables". Por ello, ha explicado que la intención del Gobierno es consolidar el ingreso mínimo al ser un "cambio estructural extraordinario" y sobre esa base ir componiendo "más piezas" en el futuro para extender la protección social sobre bases "más modernas".

En este punto, ha citado los criterios de la unidad de convivencia y no sobre individuos, que se analice la renta y la tipología de hogar y mirar condiciones específicas de activación en el mercado laboral, como aspectos que podrían ser "extensibles" a otras prestaciones.

En este sentido, ha apuntado a acometer un "encaje de piezas adicionales en las prestaciones" en el ámbito del desempleo, pensiones no contributivas o ayudas a las personas con discapacidad.

PENSIONES MÍNIMAS Y COTIZACIONES

Por otra parte, Escrivá se ha mostrado "de acuerdo" con el objetivo de aumentar las pensiones mínimas, al ser "deseable" que haya "cierta progresividad", como se justifica por distintos estudios.

El ministro también ha descartado en este momento un aumento de las bases de cotización al considerar que "en medio de la pandemia las prioridades han cambiado" y para 2020 y 2021 primarán los objetivos a corto plazo para conseguir la mayor protección posible para los agentes económicos y las empresas.

El titular de la Seguridad Social opina que el acuerdo de las recomendaciones sobre pensiones del Pacto de Toledo y los desarrollos normativos posteriores son una "reforma estructural", y así lo presentará a Bruselas en octubre.

También ha considerado que algunos ámbitos como la reordenación de gastos para sacar los gastos impropios del sistema de la Seguridad Social o la revalorización de las pensiones podrían incluirse en los Presupuestos de 2021, si bien cree que el consenso debe "ir más allá de los PGE".