Después de los meses del confinamiento, estamos ahora en el mes de las previsiones. Diversos organismos internacionales y financieros se han lanzado a la complicada tarea de prever el futuro que nos espera y comparar las situaciones de los distintos países. Este es el caso del informe que acaba de difundir la OCDE.

Según la economista principal de la OCDE, la francesa Laurence Boone, «al final de 2021 la disminución de ingresos será mayor que la de todas las recesiones de los últimos cien años salvo los tiempos de guerra, con consecuencias terribles y duraderas». La OCDE hace previsiones para numerosos países, y en el caso de España prevé una caída del 11.1% si no hay rebrote, y de un 14.4% si lo hay. Esta última previsión colocaría a España como uno de los países mundiales con peores previsiones para este año. La recuperación para el ejercicio que viene, según la OCDE, sería relativamente débil, e inferior a lo que han previsto otros organismos: se limitaría a un 7,5% si no hay rebrote y a un 5% si lo hay. Las consecuencias en la tasa de desempleo son también claras: nos situaríamos en el 18.7% en el mejor de los escenarios, y en casi el 22% en el peor.

Estas cifras son promedios anuales, pero la OCDE va más allá y realiza estimaciones por trimestres. Según ellos, el "pozo" de la crisis se alcanzaría en el último trimestre de 2020, con cifras de desempleo en España (el peor de los países de la OCDE), en torno al 25-26%.

El informe de la OCDE, además, para el caso de España, pone énfasis en las medidas que considera más adecuadas. En este sentido se priorizan las reformas estructurales a medio plazo, así como otras medidas de flexibilización en ámbitos diversos que incluyen el mercado laboral. Sí se justifican, en cambio, actuaciones públicas de revitalización del sector turístico, así como la garantía de ingresos mínimos para todos, y se pone énfasis en fomentar la "economía verde" para lograr un crecimiento más sostenible a largo plazo. Está por ver si estas recomendaciones encajan en la política que piensa llevar a cabo el gobierno español, sobre todo en materia laboral y, más aún, si serán compatibles con los presupuestos que deben estar presentados en septiembre y de los que depende que España entre en los paquetes comunitarios de ayuda.