Esta vez ha sido a iniciativa de la Asociación pola Defensa da Ría; la anterior, de Greenpeace y el consistorio de la capital provincial. El Gobierno prepara un plan para que la planta abandone los terrenos del dominio público marítimo-terrestre. A ver si la empresa se pone manos a la obra y se deja de absurdas resistencias numantinas. Mientras tanto, el Partido Popular intenta esquivar a la Justicia y declarar los terrenos parte del Puerto de Marín, con el que no hay continuidad de espacios, para salvarle el culo a la pastera privatizada.