El presidente de la Xunta de Galicia y líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez de "intentar eliminar por ley" el castellano como lengua vehicular en la educación y pretender "amordazar a la prensa" a través de una norma para que "sea el Gobierno quien decida lo que es verdad y mentira".
Lo ha hecho a través de dos mensajes publicados en su perfil en la red social Twitter en la tarde de ayer.
El líder del PPdeG se suma a las críticas lanzadas por su partido a la reforma educativa presentada por el Ministerio que encabeza Isabel Celáa, por el plan del Gobierno para el control de las llamadas 'fake news' y por la propuesta para cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
El señor Feijoo olvida comentar que no solo se elimina el castellano como lengua vehicular, sino toda lengua incluída las cooficiales.
Si hay alguna arista que no se ha comentado para decir que "no", que la comparta, pero el hecho de que omita puntos importantes en su crítica me hace deducir que es más por estrategia de partido que otra cosa.
Que nos haga un favor a los gallegos y sea más autónomo con las decisiones que se toman en Madrid, anda.
Pero, ¿la escuela gallega no había adoptado también el modelo de inmersión como los catalanes?
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Los habitantes de Castilla y León aprueban la gestión que la Junta está haciendo de la pandemia del Covid
El balance del trabajo de la Junta es “bueno” o “muy bueno” para el 36,5% de los encuestados frente a un 18% que tiene una opinión negativa, mientras que el 54% considera negativa la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y solo el 17% lo respalda
Este apoyo contrasta con la valoración negativa que trasmiten los ciudadanos de la Comunidad respecto a la forma en que el Gobierno central ha manejado la situación. En este caso, la opinión mayoritaria es que lo ha hecho mal o muy mal (54,4 por ciento), frente a solo el 16,9 por cientos de los encuestados que están satisfechos con la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El estudio demoscópico al que ha tenido acceso Ical se ha elaborado a partir de mil entrevistas realizadas en la Comunidad entre el 15 y el 20 de octubre, es decir, con el pico de contagios creciendo significativamente días antes de la declaración del toque de queda y el estado de alarma, pero cuando el Gobierno autonómico había decretado cierres perimetrales en varias capitales de provincia. El margen de error es de más-menos 3,2 por ciento para un nivel de confianza del 95,5 por ciento.
El 42 por ciento de los encuestados califica de 'regular' la gestión de la Junta de Castilla y León, que encuentra respaldo a sus medidas en todas las franjas de edad, aunque son los más jóvenes, de entre 18 a 29 años y el grupo de entre 45 y 64, lo que muestran más apoyo, el 39,9 y el 38,7 por ciento, respectivamente. Los más críticos son el colectivo entre 30 y 44 años, cuyos recelos manifiestan el 24,6 por ciento. También casi el 40 por ciento de las las mujeres dicen estar convencidas con la actuación de la Junta, frente al 32 por ciento de los hombres.
Los votantes de Ciudadanos, la formación de la que procede el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, son los que mejor valoran esta gestión y llegan al 44 por ciento de apoyo. Pero también, los votantes socialistas dan el espaldarazo a las medidas, en un 40,1 por ciento, más incluso que los del propio PP, partido que gobierna la Junta, entre los que el 36 por ciento respalda la labor de su Ejecutivo.
Solo entre el electorado de Podemos hay más críticas que alabanzas a la gestión de la Junta. Los primeros suman el 24 por ciento de los encuestados, mientras que los que están satisfechos solo llegan al 17,9 por ciento. También tienen porcentajes moderadamente altos de rechazo entre los votantes de Vox (25,6 por ciento), pero inferiores a los que aprueban las medidas (30,7 por ciento), siempre según la encuesta de Sigma Dos.
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El Gobierno central, en cuestión
Según el estudio demoscópico conocido por Ical, la gestión del Gobierno central es cuestionada por el 54,4 por ciento de los encuestados y recibe el regular únicamente del 26 por ciento de los castellanos y leoneses, mientras que el apoyo a sus medidas se reduce al 16,9 por ciento. El mayor rechazo se produce en el colectivo de entre 30 a 40 años y llega al 60 por ciento, mientras que desaprueban las actuaciones el 55 por ciento de los de entre 40 y 64 y el 52,2 por ciento de los mayores de 65. El apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez no llega al 20 por ciento en ninguna franja de edad.
El Gobierno central encuentra apoyo a sus medidas en los votantes del PSOE (40,1 por ciento) y en menor medida en Podemos, cuyos simpatizantes respaldan en un 32,9 por ciento esta gestión, aunque un 51 por ciento la considera simplemente ‘regular’. El respaldo entre las personas afines al resto de partidos es nulo y solo llega al 2,5 por ciento entre los del PP. Por el contrario, el rechazo es acusado: del 80,9 por ciento entre los ‘populares’, del 83,3 por ciento, entre los de Ciudadanos y del 90,9 por ciento entre los de Vox.
El 25,5% cree que la Junta está entre las que mejor han gestionado
La moderada satisfacción con la gestión de la Junta se percibe también al ponerla en relación con las medidas implementadas en otras comunidades. El 58 por ciento de los castellanos y leoneses cree que las actuaciones en Castilla y León están en un término medio: han sido mejores que en unas autonomías pero peores que en otras. No obstante, un 25,5 por ciento entienden que el Gobierno autonómico está entre los que mejor lo han hecho, frente al 7,8 por ciento que lo consideran en el vagón de cola.
De acuerdo con el sondeo, los mayores de 65 años y los de entre 45 y 64 años son los grupos en los que más hay más convencidos de que la respuesta de la Junta está entre las mejores, 28,2 y 26,7 por ciento, respectivamente). Los votantes de las principales fuerzas políticas (PP, PSOE y Ciudadanos) coinciden en un porcentaje similar (en torno al 27 por ciento) al asegurar que la Junta está entre las comunidades que mejor han gestionado. Los más críticos son los de Vox y Podemos. En la formación de Santiago Abascal solo un 13,4 por ciento cree que Castilla y León va en cabeza, frente al 11,3 que cree que está en la cola, mientras que en la de Pablo Iglesias, aunque un 16,6 por ciento entiende que se ha hecho mejor que en otras, un 11,7 por ciento considera que ha sido de las que peor respuesta ha dado.
Viva España, Viva o Rei, Viva a Orde e a Lei!!
Austria, Unique Research poll: (subidon del FPO tras los atentados terroristas en Viena)
ÖVP: 38% (-2)
SPÖ: 21% (-1)
FPÖ: 16% (+3)
GRÜNE: 12% (-1)
NEOS: 10% (+1)
+/- vs. 12-16 October
Fieldwork: 2-6 November 2020
Sample size: 804
➤ https://t.co/yZmKw0FzEV https://t.co/uEdK8HuYTv
Un ejemplo más de los pasos que hemos dado en aras de la convivencia en Euskadi ha sido que EH Bildu haya condenado el ataque a la tienda familiar de Abascal, calificándolo de inadmisible.
Lo que me ha sorprendido es, según he leído en un periódico, que Podemos no lo haya condenado.
El gobierno sanchista está superando al gran hermano de Orwell.
Lo primero que tenemos que explicar a los medios y los políticos arribistas que se han anticipado a felicitarse como groupies en un concierto de rock, es que las elecciones todavía no han terminado. Incluso en el hipotético caso de que Trump hubiera concedido la victoria a Biden, que no lo es, las elecciones todavía no han terminado.
Y esto se debe a que los padres fundadores se fiaban bastante poco del pueblo soberano, y dejaron escritas varios “checks and balances” que permitieran que no se produjera un pucherazo en toda regla como el que se pretende imponer ahora.
El proceso, que acaba el 20 de enero con el juramento en el Capitolio, tiene que pasar antes por la declaración de los colegios electorales de cada estado de los representantes en base a los resultados (no se ha producido todavía en ningún estado), el voto de dichos representantes del presidente (el próximo 14 de diciembre), la presentación a las Cámaras de dicho voto, y por último, el famoso juramento.
En ninguno de estos pasos, no dados a la fecha, consta que los medios de comunicación, que son empresas privadas con intereses privados, jueguen de ninguna manera un papel. Hay que reconocerles a los padres fundadores su mérito, viendo cómo todos y cada uno de ellos auguraba hasta el día antes una victoria aplastante por un mínimo de diez puntos de Biden a Trump.
Aclarado el proceso y la relevancia de los medios, eliminado el ruido ambiente que provocan en todo esto, vamos a analizar exactamente la situación en la que nos encontramos ahora y los posibles escenarios que se nos presentan, sin apasionamientos y con la frialdad matemática y de la ley. Intentaré hacerlo comprensible, aunque a mi mente de ingeniero le guste perderse en estadísticas. Vamos allá.
Hay pedidos y concedidos recuentos en los Estados de Georgia, Pensilvania, Nevada, Wisconsin, Michigan y Arizona. Todo estos lugares entran en el margen del medio punto de diferencia que permite que los Estados Unidos se hagan cargo del coste del recuento, pero si no fuera así, el coste asciende a 3 millones de dólares por Estado, que para Trump supone un precio bastante bajo por retrasar el recuento.
Se van a plantear varias demandas por fraude, hay un detenido en el Condado de Limestone (Tx) y en Pensilvania un trabajador de UPS va a testificar ante el juez que sus supervisores estaban manipulando las fechas de los votos emitidos.
Además, ya se han puesto demandas en los tribunales federales contra los derechos civiles por la negativa de Pensilvania y Georgia de permitir que observadores republicanos entraran en el conteo, especialmente las horas en que Biden pegó el espectacular subidón de votos, comiéndose los 700 mil votos de ventaja que le llevaba Trump hasta ese momento.
Todo lo anterior, unido a que la presidencia de la Comisión Federal Electoral ha declarado que cree que hubo fraude, citando explícitamente que negar la entrada a los republicanos en el recuento es una violación de la ley.
Sigo. El sistema informático que se usa en el recuento de los Estados swing, llamado Dominion, ofrece cientos de dudas, como ya denunciaron Amy Klobuchar, Elizabeth Warren y Ron Wydden en las primarias demócratas. Dudas, concretamente, relacionadas con la facilidad de manipular los resultados. Este sistema, Dominion, tiene una demanda en los tribunales de Georgia, donde el juez mostró su enorme preocupación por el daño potencial que podía suponer. El miércoles se encontró y se corrigió un error en el sistema en Michigan que otorgaba a Biden 3.000 votos de Trump.
Dominion se usa en 47 condados de Michigan. Y en 30 Estados de los 50 del país. Pero, sobre todo, Dominion es el software usado en todos y cada uno de los Estados swing en las elecciones presidenciales de 2020. Tienen en nómina lobbyistas demócratas como el ayudante de Nancy Pelosi, y trabaja con la Clinton Foundation para el proyecto DELIAN.
En estos momentos hay un ejército de estadistas informáticos investigando las cuatro técnicas para detectar fraude electoral, una es la Ley de Benford del primer dígito, la Ley Benford del segundo dígito, el test de Chi Cuadrado y el análisis de frecuencia del último dígito. Además están analizando series de Fourier, y la ley de porcentajes enteros. A la vez, están analizando algo muy obvio, y es a quién está favoreciendo el porcentaje de votos declarados ya inválidos, y su correlación con la pérdida de votos de su contrario. Nada de esto está ofreciendo buenas perspectivas para los demócratas.
La mayoría de los votos emitidos por Biden tienen una extraña coincidencia. Son votos para Biden pero para nadie más. Votaron por Biden pero no por Kamala Harris, ni por ningún congresista o senador. Básicamente votaron solamente una cosa por papeleta. Esto, estadísticamente ha venido ocurriendo una media de un 3% de los votos en todas las elecciones. Este año la media ha sido de más de un 18%.
Los republicanos, con el famoso y carismático exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani al frente, están recogiendo miles de pruebas de todo lo anterior y ya han anunciado una batería de demandas ante las cortes federales y la corte suprema.
Estos son los hechos. Pero ¿cuál es la estrategia? No bastará simplemente con las demandas, conocer al Partido Republicano y especialmente a Donald Trump es saber que van a hacer todo lo que esté legalmente en sus manos para impedir que, en sus palabras “les roben” las elecciones. Y aquí entramos en uno de los escenarios más probables.
Trump va a pedir al Departamento de Justicia una investigación exhaustiva, y éste la hará, si nos basamos en el precedente del Fiscal General William Barr. Los Estados republicanos bajo la lupa se van a negar a entregar los resultados hasta que la investigación del Fiscal General acabe. Si los demócratas impugnan, acabará en la Corte Suprema. Todo esto, o movimientos similares, está amparado por la Ley.
Llega (y pasa) el 14 de diciembre, y, como no ha habido voto de los Estados, la votación pasa a la Cámara de Representantes (recuerden aquello que les conté de los checks de los padres fundadores), donde cada representante tiene un voto. Los republicanos tienen 26, y los demócratas, 23. Quizá 24 si cae uno que está en liza.
Los republicanos votan a Trump. Trump renueva su presidencia.
No estoy diciendo que se vaya a producir exactamente así, pero todo lo que he contado es absolutamente legal y basado en la Constitución. Es uno de los muchos caminos que los republicanos pueden tomar para alcanzar la presidencia. Hay más, como la capacidad de Trump de invocar el Estado de Alarma en base a una posible interferencia de China en el software de recuento (ya hay rumores al respecto) y la colusión de intereses que, basándose en el escándalo de Hunter Biden, la posición de fuerza de Trump con China, y pedir una investigación, de nuevo, del Fiscal, y volvemos otra vez a la casilla de salida.
Todo ello teniendo claro que se están produciendo recuentos en todos los Estados, y que es más que probable que en los próximos días se encuentren más pruebas de fraude, lo cual complicaría mucho la causa de Biden.
No pedimos a los medios que sean neutrales, ni siquiera a estas alturas les pedimos que sean prudentes. Ya sólo les pedimos que sean responsables a la hora de informar falsamente sobre un hecho que no se ha producido todavía (la elección de Biden). Al menos, que no mientan. Estas elecciones no han terminado, y como ven, están muy lejos de hacerlo, pero ellos mismos se pusieron el dogal y se ataron a su propia mentira cuando dieron por segura la victoria de los demócratas hace ya más de dos meses.
Hay partido y el final lo pitará el árbitro, no el comentarista.
Vas a perder muchos votos Sánchez, muchísimos españoles NO te votaron para hacer lo que estás haciendo.
SUBIDA DEL FPO, y recuperando lo perdido, tras el terrorismo islamista.
Poco a poco, vamos mejorando!