Quieren controlar los movimientos de los ciudadanos hasta la saciedad.

Y pretenden conocerlos hasta el punto de controlar algo tan esencial y tan privado como saber dónde se encuentra cada persona y en qué momento exacto.

¿Y cómo lo van a lograr? Pues Carlos Cuesta, en Okdiario, detalla este 25 de septiembre de 2020 la metodología ideada por el Ministerio del Interior para saber, por ejemplo, qué personas han acudido a una manifestación en contra de Pedro Sánchez.

El propósito es poder acceder a las IPS de los teléfonos móviles de los particulares que, evidentemente, ofrecen datos exactos sobre la geolocalización de sus usuarios y el día en concreto en el que estuvieron en una determinada zona.

Eso sí, tal y como suele vender sus medidas en contra de la libertad de los ciudadanos, el Gobierno socialcomunista esgrime una necesidad de control público por mor de la pandemia del Covid-19.

Para ello ha preparado una normativa que consienta esa vigilancia del orden público en las calles y las comunicaciones en la asistencia a concentraciones.

De esta manera, el ministerio de Fernando Grande-Marlaska podrá intervenir la redes y servicios de comunicaciones electrónicas de forma excepcional y transitoria siempre que se dé una circunstancia: la existencia de un riesgo objetivo y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.

Lo que se pretende es controlar los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram para difundir mensajes en situaciones de emergencia.

Accediendo a esas redes, se accede por triangulación, a la ubicación de cada usuario que hace uso de ellas. Es decir, se accede a la IP -identificación de cada terminal que se conecta- y a la ubicación personal en el momento deseado.

Y ello implica que, por ejemplo, una persona que acuda a una manifestación contraria al Gobierno de Pedro Sánchez puede ser identificada y localizada en esa ubicación sin necesidad de que un agente le tenga que tomar los datos en persona.

Hablando en plata, a partir de ahora, desde que se dé carta de naturaleza al anteproyecto que tramita este poder para el departamento de Fernando Grande-Marlaska dentro de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, el Ejecutivo podría conocer al dedillo la identidad de las personas que, por ejemplo, se concentraron en la Puerta del Sol de Madrid para abuchear a Pedro Sánchez cuando se reunió con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña.

Y si hay un miembro del Ejecutivo que también está como loco por conocer quiénes son todos y cada uno de los manifestantes que se concentran cada tarde-noche en torno a su domicilio es Pablo Iglesias.

Esta modificación legal es suficientemente tentadora como para que el vicepresidente segundo del Gobierno de Sánchez no quiera saber de primera mano todos los datos de los manifestantes que protestan día tras día en los alrededores de su casoplón en la localidad de Galapagar, en plena sierra madrileña.