El Pleno del Congreso ha rechazado la admisión a trámite, por 159 votos a favor, 178 en contra y 11 abstenciones la proposición de ley de Ciudadanos «sobre medidas contra la corrupción». Por tanto, el texto no tendrá, ni siquiera, la oportunidad de ser debatido o mejorado en el parlamento.

Según los grupos que se opusieron a la proposición, esta nacía muerta, obsoleta y sin tener en cuenta la directiva europea que debe trasponerse y que se refiere, precisamente, a esta materia. Se ha reprochado a Ciudadanos que ha presentado una propuesta sin apenas modificaciones respecto a la que intentó sacar adelante en la anterior legislatura, convirtiendo esta presentación en un «mero gesto de cara a la galería».

La anterior propuesta de Ciudadanos, presentada en 2017 no terminó de salir adelante aunque sí fue admitida para su tramitación, porque quedó luego aparcada en la Comisión Constitucional del Congreso, hasta que se dio por finalizada la legislatura.

Nada más reabrise el Congreso tras las elecciones de noviembre, Ciudadanos la volvió a presentar. En esta ocasión ha sido Edmundo Bal quien ha defendido la propuesta como una necesidad ética de la sociedad española. El articulado proponía entre otras cosas tipificar el delito de enriquecimiento injusto, la protección de los denunciantes, flexibilización en los plazos de la instrucción penal, y medidas que afectaban más directamente a los partidos políticos, como la prohibición de los indultos a los condenados por corrupción y la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos, entre otras.

Toda esta nueva legislación debería ser garantizada por una «Autoridad Independiente de Integridad Pública» con capacidad para evaluar la adecuación de las personas que aspirasen a ser nombradas altos cargos, y que actuaría también con competencias sancionadoras.

Los socialistas, que rechazaron la proposición junto con sus socios de Unidas Podemos y gran parte de los diputados de partidos nacionalistas, señalan que pronto se llevará a la comisión correspondiente un texto adaptado, que contará con los informes pertinentes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, y que se sacará adelante con el mayor acuerdo posible.

De momento, la propuesta de Ciudadanos, que reprochó a los otros grupos «permanecer impasibles ante las más de 200 tramas de corrupción padecidas en los últimos 40 años», contó con los apoyos de Partido Popular, Más País y Vox.