El 42% de jóvenes afectados por la crisis de vivienda percibe su salud mental como regular o mala, según un estudio

El 42% de las personas de entre 25 y 34 años afectadas por la crisis de la vivienda percibe su salud mental como regular o mala, según el informe ‘Habitar la incertidumbre: vivienda, juventud y malestar estructural’, publicado este martes por el Consejo de la Juventud de España (CJE), Fad Juventud y Oxfam Intermón.

Según Fad Juventud, el análisis pone de manifiesto cómo la crisis habitacional y la precariedad laboral están asociadas a una peor percepción de la salud mental entre la población joven, además de limitar sus proyectos de vida y expectativas de futuro.

“La juventud no nos jugamos solo una cuestión material, nos va la vida y la salud en poder acceder a una vivienda digna. Las soluciones no pueden ser solo sanitarias, no podemos responder con más psicólogas a un problema que tiene su raíz en alquileres que se comen nuestra capacidad de ahorro, en salarios que no alcanzan y en una generación que ha normalizado la incertidumbre como forma de vida”, ha subrayado la presidenta del CJE, Andrea González.

En este sentido, González ha reclamado políticas de vivienda que “hagan efectivo el derecho constitucional a la vivienda, mejoras en la protección social juvenil y, también, más y mejores recursos de salud mental. Pero todo a la vez”.

El informe describe a la juventud actual como una “generación inquilina”. Según se desprende del estudio, en 2025 la mitad de las personas jóvenes emancipadas vivía en régimen de arrendamiento y avisa de que la población joven destina entre el 40% y el 50% de sus ingresos al pago de la vivienda, muy por encima del umbral recomendado del 30%. En el caso de los hogares unipersonales jóvenes, este esfuerzo supera el 80% del salario desde 2017.

En cuanto a la incidencia de mala salud mental, entre las personas de 16 a 34 años que destinan más del 50% de sus ingresos a la vivienda se duplica la registrada entre quienes dedican menos del 30%. La coautora del informe y experta en desigualdades y juventud de Oxfam Intermón, Julia García, ha señalado que “la crisis habitacional se ha convertido en un factor estructural de desigualdad” que afecta a la salud mental, a las relaciones y a las expectativas de futuro de los jóvenes.

El análisis también pone de manifiesto el impacto de la precariedad económica sobre la salud psicológica. Según sus autores, en el último año, el 63,5% de quienes se encuentran en situación de carencia material severa sufrió algún problema psicológico, frente al 52,4% de quienes no presentan dificultades en este aspecto.

Asimismo, el estudio alerta de que esta falta de recursos está asociada a una peor salud mental, lo que dificulta costear atención psicológica y, sin esa asistencia, empeora la percepción del propio malestar emocional. Entre las personas de 25 a 34 años, las entidades aseguran que la mala salud mental aumentó del 7% al 19,3% entre quienes renunciaron a apoyo psicológico por motivos económicos durante el último año.

“Con frecuencia abordamos la salud mental como una cuestión individual, cuando los datos muestran con claridad el peso que tienen las condiciones de vida. La precariedad, la incertidumbre, la falta de autonomía o la sensación de que el futuro se aleja terminan dejando una huella profunda en el bienestar emocional de las personas jóvenes. No podemos entender la salud mental sin prestar atención al contexto en el que se desarrolla”, ha concluido la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura.

Además, entre las conclusiones del estudio se expone que la falta de recursos también puede incidir en los vínculos sociales: entre las personas jóvenes con carencia material severa, el 39,8% afirma sentir soledad no deseada con frecuencia, porcentaje que desciende al 19,6% entre quienes no afrontan dificultades materiales, según el CJE, Fad Juventud y Oxfam Intermón.

Ante esta situación, las tres organizaciones reclaman políticas públicas que hagan efectivo el derecho a una vivienda digna y asequible mediante medidas como el incremento del parque de vivienda pública y la lucha contra las prácticas especulativas en el mercado del alquiler.

En materia laboral, instan a aprobar el Estatuto del Becario y ampliar los programas de becas y ayudas al estudio. Asimismo, reclaman la reforma del Ingreso Mínimo Vital para que las personas menores de 30 años puedan solicitarlo como herramienta para combatir la pobreza juvenil y reducir la carencia material severa.