El Congreso debate la ley para que los asesinatos de ETA no prescriban y se prohíba homenajear a sus miembros

El PP llevará al Pleno del Congreso este martes una ley para que los asesinatos llevados a cabo por la banda terrorista ETA sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad, lo que impediría su prescripción y reforzaría la exigencia de esclarecimiento, y para prohibir los homenajes a los autores de esos atentados.

Los ‘populares’ recuerdan que en el año 2022 el Parlamento Europeo ya pidió a España este tipo de medidas para evitar que los crímenes de la banda terrorista queden impunes. En concreto, el Comité de Peticiones aprobó el 21 de abril de 2022 un informe sobre la existencia de 379 asesinatos de ETA aún sin resolver que incluía una quincena de recomendaciones a las autoridades españolas.

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Ese informe pedía precisamente adoptar las medidas necesarias para el esclarecimiento de los crímenes de ETA aún pendientes de resolver, evitar la impunidad jurídica, social y moral de los terroristas, reconocer los asesinatos de ETA como crímenes de lesa humanidad, condicionar los beneficios penitenciarios a que se colabore con la Justicia, e impedir los actos de homenaje a los terroristas y la humillación de las víctimas.

En su proposición de ley el PP recalca que el contexto normativo europeo “ha evolucionado hacia un marco más sólido y coherente con el objeto de reforzar la consideración de que los actos de terrorismo constituyen una de las violaciones más graves de los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad”. También “del respeto de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, así como un ataque contra los principios de la democracia y el Estado de Derecho”.

Es decir, la propuesta del primer partido de la oposición, recogida por Europa Press, considera “necesario” acometer una acción legislativa con cambios normativos para dar cumplimiento a dichas indicaciones.

PRECEDENTES

Los de Alberto Núñez Feijóo indican en el texto que el informe del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo se fundamenta en una visita de información realizada en España, del 3 al 5 de noviembre de 2021, en relación con los casi cuatrocientos asesinatos de ETA todavía sin resolver, que constituyen el 44 por ciento del total.

El PP también recuerda que existe un antecedente directo que ha tenido en cuenta para el desarrollo de las medidas contempladas en la ley: otro informe del Parlamento Europeo, aprobado el 19 de noviembre de 2020, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en los ejercicios 2018 y 2019.

En el mismo, pide a las autoridades españolas tomar las medidas necesarias para evitar que las víctimas del terrorismo “sean humilladas por actos como los homenajes a etarras que se ha producido en los últimos años en España” y reclama que “las instituciones pertinentes”, ya sea a nivel local, autonómico o estatal, “proporcionen las salvaguardas necesarias para evitar que se produzca una victimización posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de los sectores sociales relacionados con el agresor”.

UPN PIDE EXPLICACIONES A MARLASKA

Por otro lado, UPN ha presentado una interpelación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que defienda ante el pleno las medidas que va a llevar a cabo para acabar con aquellos actos de apoyo, enaltecimiento y homenaje a miembros de la banda terrorista ETA.

Según explica en el escrito presentado por el diputado de UPN, Alberto Catalán, durante los últimos meses se han producido a lo largo del territorio Navarro y en el País Vasco actos en apoyo a la banda terrorista ETA, algo que a su juicio supone una “humillación” a la democracia y a las víctimas.

La interpelación registrada debería debatirse este miércoles durante la sesión de control al Gobierno, el primero de 2024, y que tendrá lugar en el Congreso. Sin embargo, Marlaska ya ha anunciado su ausencia. Por tanto, desde el Ejecutivo pueden posponer dicha interpelación, en el caso de que desde UPN estén de acuerdo, o bien delegar su respuesta en otro miembro del Gobierno.