El Congreso debate mañana un plan del PP para reconsiderar el cierre de nucleares

El PP llevará este martes al Pleno del Congreso una proposición no de ley para reclamar al Gobierno un Plan Nacional de Seguridad de Suministro Energético que, entre otras cosas, reconsidere el cierre de las centrales nucleares, para contribuir a rebajar el coste de la electricidad y reforzar la estabilidad de la red y la producción eléctrica. La prórroga de las nucleares cuenta con mayoría en el Parlamento, pues además del PP la defienden, entre otros, Vox y Junts.

Los ‘populares’ registraron esta iniciativa el pasado mes de octubre, pero según han avanzado a Europa Press fuentes parlamentarias, han decidido someterla a votación en la primera sesión plenaria que va a celebrar el Congreso tras el apagón que el pasado lunes paralizó a la Península Ibérica.

En concreto, lo que persigue el primer partido de la oposición es que la Cámara inste al Gobierno a aprobar una Estrategia Integral para una Transición Energética limpia, justa y competitiva, con participación de las comunidades autónomas y los sectores productivos afectados, que gire en torno a distintos ejes.

Esa estrategia debería incluir un Plan Nacional para el despliegue de Energías Renovables, que recupere “el equilibrio eficiente con la complementariedad entre las distintas tecnologías renovables”, resuelva las “congestiones” en la red y los vertidos y contemple una “implantación efectiva de almacenamiento, hibridación y repotenciaciones”, un cronograma efectivo de subastas de energía y licitación en nudos de acceso y la delimitación de las zonas de acceso acelerado en territorio nacional.

En este contexto, el PP también reclama un Plan Nacional de Seguridad de Suministro Energético que, de acuerdo con sus titulares y con informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, reconsidere el cierre programado del parque de generación nuclear, de manera que se extiendan sus años de operación. El objetivo: rebajar el coste de la electricidad, reducir las emisiones y reforzar la estabilidad de la red eléctrica y la producción eléctrica que asegure el suministro.

Del mismo modo, los ‘populares’ apuestan por incrementar las posibilidades de inversión en el crecimiento y digitalización de las redes de transporte y distribución eléctrica, la puesta en marcha el mecanismo de reserva de capacidad y nuevas subastas e incentivos para la co-generación, y el aumento de la producción prevista de biometano, biomasa y eco combustibles para consumo nacional, así como de hidrógeno bajo en carbono.

El tercer eje de la estrategia que propone el PP consiste en la elaboración de un Código Nacional de Neutralidad Tecnológica que obligue al Gobierno a velar por el principio de “neutralidad tecnológica” en la descarbonización y suprima “cualquier tentación de intervencionismo o clientelismo, reduciendo carga fiscal y burocrática y potenciando la inversión en I+D+i, sin preferencia por ninguna opción tecnológica concreta”.

En esta línea, los de Alberto Núñez Feijóo, plantean revisar la fiscalidad energética para armonizarla con la de la Unión Europea sin generar nuevas figuras impositivas en el ámbito energético y con medidas específicas para la lucha contra el fraude fiscal.

El PP también pretende que el Congreso emplace al Gobierno a definir una hoja de ruta para la “descarbonización competitiva” de la industria española y de los sectores productivos, junto con la aprobación de un Estatuto de Consumidores Hiperintensivos de Electricidad y de gas.

Otra de sus demandas es un Plan Renove que incluya la configuración de una Red nacional de Infraestructuras de recarga y un enfoque eficiente para la utilidad de las ayudas a vehículos eléctricos y de bajas emisiones que permitan renovable el parque, reducir emisiones y ahorro energético.

Asimismo, sugieren la articulación de un Mecanismo de gobernanza para la transición energética competitiva, que analice y adapte a la situación española los diagnósticos y recomendaciones del conocido como ‘Informe Draghi’ y considere y aproveche las oportunidades que se derivan para España del Reglamento europeo de industrias de cero emisiones netas y del Reglamento relativo a las materias primas críticas.

Todas estas medidas, según el PP, deberían aprobarse con un calendario concreto de objetivos e hitos a corto, medio y largo plazo, indicadores de cumplimiento y evaluación y propuestas de mejora continua, del que se debería dar cuenta al Congreso de los Diputados.