El Congreso TUMBA reducción de la jornada laboral

El proyecto de ley impulsado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para reducir la jornada laboral en España de 40 a 37,5 horas semanales sin disminución salarial ha quedado bloqueado en el Congreso de los Diputados. En una votación celebrada este miércoles 10 de septiembre de 2025, el PP, Vox y Junts per Catalunya votaron en contra de admitir a trámite la reforma, impidiendo su avance parlamentario.

Yolanda Díaz consideró que esta victoria de la oposición supone una “bofetada” a millones de trabajadores, especialmente a los sectores peor remunerados, como el comercio, la hostelería o la industria. La vicepresidenta ha llamado a la ciudadanía a movilizarse y cree que si bien hoy se pierde la votación, “en la calle se gana la medida”.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT calificaron este desenlace de “fraude democrático” y advirtieron que continuarán la lucha durante toda la legislatura. También avisan de que convocarán nuevas movilizaciones en todo el país y se comprometen a exigir al Gobierno la presentación de un nuevo proyecto.

La oposición ha justificado su rechazo esgrimiendo diversos argumentos. Junts per Catalunya insistió en que el proyecto se presentó de manera precipitada, sin tiempo suficiente para alcanzar un acuerdo con las pequeñas y medianas empresas catalanas y autonomos, a quienes, según el partido, la reforma perjudicaría. El PP calificó la iniciativa de “ideológica” y alertó sobre sus posibles efectos negativos en la competitividad empresarial. Vox la tachó de “norma cosmética”.

El bloqueo legislativo no solo afecta a la reducción de jornada; también se paralizan medidas complementarias incluidas en el proyecto, como el refuerzo del control horario y el derecho a la desconexión digital. Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo ha anunciado que aplicará por decreto, sin necesidad del aval del Congreso, al menos el sistema digital de control horario, que contempla multas de hasta 10 000 € por trabajador para las empresas que incumplan.

Este revés inicia un nuevo capítulo de incertidumbre política, con un Gobierno dispuesto a insistir en su iniciativa, o presentarla nuevamente cuando lo considere oportuno y una oposición con mayoría en la Cámara que podría impedírselo de nuevo.