El Constitucional avalará la Ley de Amnistía casi por completo

La ponencia elaborada por la vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Inmaculada Montalbán, avala la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, aunque introduce tres correcciones menores. 

El borrador de sentencia considera que la ley es constitucional en su conjunto, pero identifica tres aspectos problemáticos:

1. Inclusión de manifestantes contrarios al procés: Se estima inconstitucional la exclusión de personas que se manifestaron en contra del procés como beneficiarios de la amnistía. 

2. Ámbito temporal de aplicación: La ley establece que se amnistiarán actos cometidos entre noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, y aquellos cuya ejecución finalizase más tarde. La sentencia señala que sólo se pueden amnistiar hechos pasados y, por tanto, quedarán limitados al 13 de noviembre de 2023. 

3. Garantías procesales en procedimientos contables: Se cuestiona la falta de audiencia a acusaciones populares en procedimientos contables ante el Tribunal de Cuentas. 

Silencio sobre la malversación

El borrador de sentencia no se pronuncia sobre el delito de malversación, cuya interpretación por parte del Tribunal Supremo ha impedido que el expresidente catalán Carles Puigdemont y el que fuera su número dos, Oriol Junqueras, estén amnistiados.  El Supremo considera que la malversación cometida por los líderes del procés no es amnistiable, al entender que existió un beneficio patrimonial, aunque fuera indirecto, por no detraer fondos personales para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017. 

Próximos pasos

El pleno del Tribunal Constitucional comenzará a debatir el proyecto de sentencia el 10 de junio de 2025, con una votación prevista para el 24 de junio. La decisión final podría estar lista entre junio y julio, dependiendo de la duración de los debates. 

El sector conservador del tribunal ha solicitado suspender el proceso a la espera de una decisión de la justicia europea, algo que ha sido rechazado por la mayoría progresista. 

El Tribunal Supremo, por su parte, podría presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si considera que la aplicación de la ley de amnistía contradice el derecho comunitario. 

La resolución del Tribunal Constitucional será clave para determinar el alcance y la aplicación de la Ley de Amnistía, especialmente en lo que respecta a los líderes independentistas procesados por malversación.