El Gobierno afirma que la regularización “va según lo previsto” y niega que haya “caos”

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este miércoles que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes “va según lo previsto”, aunque no ha ofrecido cifras oficiales por el momento y ha negado que se haya producido ningún caos administrativo. “Efectivamente, ha habido alguna cola para esta tramitación, pero eso no es un caos”, ha señalado tras reunirse en Zaragoza con entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (Recex) y agentes sociales de Aragón.

Saiz ha calificado el encuentro como “muy productivo” y ha destacado que existe “una importante legitimidad” social, económica y política alrededor de este procedimiento extraordinario de regularización, que busca “sacar de la invisibilidad a miles de personas”. Según ha explicado, las organizaciones sociales, sindicatos, empresas e incluso la Iglesia Católica respaldan esta iniciativa impulsada por el Gobierno de España.

“Estamos hablando de crecimiento, de convivencia, de poner en el centro los Derechos Humanos y de reconocer a personas que ya están aquí, que tienen que tener derechos y lo importante de su aporte para que no se pierda ni una oportunidad Aragón de prosperidad y de desarrollo”, ha defendido la ministra.

La titular de Inclusión ha insistido en que el procedimiento está “muy dimensionado” y que detrás de cada expediente existen “historias de vida” de personas que podrán acceder a documentación y desarrollar proyectos vitales en España. “Van a aportar y van a tener oportunidades de vida”, ha subrayado.

Asimismo, ha defendido que el proceso es “muy garantista” y que, una vez superados los primeros días de saturación, las entidades sociales consideran que la tramitación se está desarrollando “con absoluta normalidad”. Ha agradecido también la colaboración de ayuntamientos y comunidades autónomas que han facilitado ayudas y recursos para respaldar a las organizaciones participantes.

No obstante, Saiz ha lamentado que “ha habido quien ha puesto piedras en el camino”, especialmente en relación con la emisión de informes de vulnerabilidad, aunque ha recordado que dichos documentos no son obligatorios en todos los casos. En este contexto, ha indicado que no le consta que el Gobierno de Aragón haya presentado finalmente un recurso contra el proceso de regularización extraordinaria.

La ministra ha reiterado que se trata de una política que responde “a los derechos y a una demanda social”, al tiempo que mejora la vida de personas que ya residen y trabajan en España. “Esta es la buena política, esta es la altura de miras”, ha afirmado, defendiendo que el Ejecutivo mantiene una política migratoria “coherente” y centrada en los Derechos Humanos.

Saiz ha señalado además que España se ha convertido en “un faro” en materia migratoria, recordando su reciente participación en la renovación del Pacto Mundial de Migraciones en la ONU. También ha descartado ampliar, por ahora, el plazo de regularización, insistiendo en que todavía queda margen hasta el próximo 30 de junio para completar los expedientes.

En relación con el impacto económico, la ministra ha destacado el peso creciente de la población extranjera en el mercado laboral español. Según ha explicado, España supera ya los 22,3 millones de afiliados a la Seguridad Social y el 14,7% procede de fuera del país, con una presencia destacada en sectores como la hostelería, la construcción o actividades de alto valor añadido.

Durante la reunión, entidades y agentes sociales trasladaron al Ministerio problemas concretos relacionados con la obtención de documentos oficiales en determinados países, especialmente certificados de antecedentes penales. Saiz se comprometió a trasladar estas dificultades al Ministerio de Asuntos Exteriores para agilizar la colaboración con terceros países.

Desde la Fundación Ozanam, José María Lamana ha asegurado que las organizaciones están “bastante contentas” con la evolución del proceso tras el “tapón” inicial. Este miércoles, la entidad elaboró el certificado de vulnerabilidad número 3.000. No obstante, ha advertido de que todavía existen personas “muy perdidas” y con dificultades para acceder a la información, especialmente en el medio rural.

Lamana ha explicado que en pequeños municipios muchos inmigrantes carecen de apoyo cercano o incluso de acceso sencillo a oficinas y servicios administrativos, por lo que ha insistido en la necesidad de reforzar la información y la orientación social.

Por su parte, desde Accem, Julia Ortega ha agradecido al Gobierno “la sensibilidad, la escucha social y la valentía” de impulsar una regularización que permitirá mejorar las condiciones de vida de personas que ya residían y trabajaban en España, en muchos casos en situaciones de vulnerabilidad laboral y social.