El Gobierno defiende que el informe del GREGO “constata que España avanza en la prevención de la corrupción”

El Gobierno ha defendido que el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa constata que “España avanza en la prevención de la corrupción”, ya que “cumple parcialmente 16 de sus 19 recomendaciones”, pese a las críticas por la falta de cumplimiento en regulación de asesores políticos, ‘lobbies’ y reforma del aforamiento.

Según el Ministerio de Justicia, desde el informe inicial de 2017, en el que se evidenciaba la falta de una política anticorrupción sistemática, las evaluaciones del GRECO han mostrado mejoras constantes. La adenda publicada este viernes “reconoce los esfuerzos realizados” durante el último año con iniciativas como el Plan de Acción por la Democracia, el proyecto de ley de regulación de los lobbies y el anteproyecto de ley de administración abierta.

El Gobierno subraya también la reciente presentación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que contiene medidas derivadas de las recomendaciones del GRECO, la OCDE y la Comisión Europea, reafirmando su compromiso con la lucha contra la corrupción.

El informe del GRECO se centra en la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en gobiernos centrales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En lo referente al primer bloque, el Ejecutivo destaca que se han cumplido parcialmente 8 de las 10 recomendaciones.

El informe valora avances como la aprobación del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los grupos de interés, que incluye un registro, establece obligaciones para los lobbies y prevé sanciones. También celebra futuras limitaciones a las puertas giratorias para evitar que ex cargos públicos ejerzan actividades privadas relacionadas con sus funciones anteriores.

Asimismo, el Ministerio de Justicia apunta que el borrador del anteproyecto de ley de Administración Abierta refuerza la transparencia, y que el Plan de Acción por la Democracia prevé un real decreto con una estrategia de integridad institucional.

En cuanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el GRECO concluye que se han cumplido parcialmente 8 de las 9 recomendaciones. Destaca avances como el Sistema de Integridad de la Guardia Civil (SINTEGC) y el Plan de Acción de Ética Profesional, así como las evaluaciones de riesgo elaboradas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

No obstante, el GRECO reprocha que no se ha aprobado la ley para regular a los asesores políticos, pese a avances en el Plan de Acción para la Democracia. Tampoco se ha reformado la figura del aforamiento a nivel estatal, lo que sigue dificultando los procesos judiciales contra miembros del Ejecutivo.

Además, considera insuficiente la regulación de los lobbies y critica que la ley en tramitación no obligue a publicar las agendas de los altos cargos. También señala carencias en la independencia de la Oficina de Conflictos de Interés y la necesidad de reforzar medidas contra las puertas giratorias.

Respecto a las fuerzas de seguridad, aunque reconoce progresos parciales, el informe lamenta la persistencia de deficiencias, especialmente en transparencia y revisión de regímenes disciplinarios. El GRECO insta a mejorar la evaluación de riesgos de corrupción, planes de integridad y criterios de asignación de beneficios y promociones internas.