La detención de Carles Puigdemont en Alemania, aparte de las reacciones en caliente que se están produciendo, tendrá, en frío, otra gran consecuencia: es probable que facilite la formación de un gobierno en Cataluña y suponga el final de la aplicación del artículo 155 en esa comunidad.
El gran obstáculo para la formación de un nuevo ejecutivo catalán era, hasta ahora, la CUP, cuyos votos son necesarios, y cuyas exigencias han tumbado una tras otra todas las iniciativas surgidas, hasta terminar por hacer imposible la designación ante el Parlament del candidato Turull, activando de paso el reloj de la investidura que terminará a finales de mayo con la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas.
Pero muy probablemente no será necesario. Hasta ahora Puigdemont se negaba a renunciar a su escaño, considerando que todo lo que podía exigírsele era la sugerencia de candidatos alternativos, pero no que perdiera toda relevancia política real. Sin embargo, en la nueva situación, con una probable extradición que debe sustanciarse (también) en un par de meses, sin posibilidad de maniobrar ni de tener presencia pública, el expresident podría reconsiderar su decisión.
Aunque la opción preferida por los manifestantes “en caliente” y por los tuiteros independentistas era ayer la radicalización del “procès”, apostando por la “investidura telemática” que llevaría a Puigdemont a presidir la Generalitat desde un calabozo alemán, lo cierto es que ese escenario, de confrontación directa, solo llevaría a la continuación de la aplicación del artículo 155 (el gobierno la impugnaría inmediatamente y podría conseguir fácilmente privarla de efectos jurídicos), al probable encarcelamiento del presidente del Parlament y, en definitiva, a un encallamiento de la situación.
La alternativa, mucho más simple, consiste en que dos diputados más de la mayoría independentista (por ejemplo, Puigdemont y Comín) renuncien a su acta de diputados. Al hacerlo, de rebote, la mayoría absoluta de un Parlament con menos miembros ya no necesitaría de la CUP, y entonces Junts per Catalunya y ERC podrían, con calma, pactar el nombre de un candidato o candidata que obtendría, por un voto de margen, la confianza de la cámara.
El resultado final de todo este camino sería la designación, en abril o mayo, de un presidente/a independentista pero no atado a la CUP, que pondría fin al artículo 155 y abriría un período de varios años en los que el frente soberanista podría reconsiderar su estrategia y hacer cosas con la finalidad de alcanzar sus objetivos desde la presidencia del Govern.
Cuando el fragor por la detención de Puigdemont pase (es decir, mañana mismo) este puede ser, probablemente, el nuevo escenario, salvo que el expresident se niegue a prestarse a él.
@josesalver
